Todo quedó en evidencia con la edición 26.331 del Boletín Oficial. En una de sus páginas incluyó la parte resolutiva del decreto 4.519/15 MGJ (Ministerio de Gobierno y Justicia), que sirvió para adjudicar el servicio a la única oferente que se presentó a la Licitación Pública Número 053/15, convocada por la Jefatura de Policía. Ese contrato fue anulado mediante el decreto 14/2016 MGJ, firmado por Bordet y el anterior titular de la cartera política, Mauro Urribarri. La norma fue emitida el 14 de enero de 2016 y publicada el 6 de julio de ese año en el Boletín Oficial, dando cuenta de una serie de irregularidades cometidas en el marco de la frustrada Licitación Pública 053/2015.
Ese llamado tuvo como finalidad la contratación de un sistema de control electrónico de infracciones de tránsito "que comprenda excesos de velocidad, adelantamiento indebido de vehículos y control de tránsito con luces bajas, incluyendo la gestión del cobro extrajudicial de las sanciones pecuniarias derivadas de la ejecución del sistema".
Al presentarse a la convocatoria efectuada por la Policía, Systeco SA buscó la continuidad de su servicio. Había sido la única oferente que se presentó a una convocatoria semejante en 2008, logrando una prórroga de su trabajo tras tres años de servicio.
Siete años después la historia volvió a repetirse. En el marco de la Licitación Pública 053/15 hubo una sola oferta: la de Systeco SA. Y la adjudicación del servicio requerido fue dispuesta mediante el decreto 4.519/15 MGJ, que fue objeto de múltiples objeciones.
Según consta en los Considerando del decreto 14/16 MGJ, la Fiscalía de Estado intervino "a los efectos de recabar el control preventivo de legalidad" que la Constitución de la provincia le asigna a ese organismo, "atento a la trascendencia de la operación involucrada en relación a los intereses patrimoniales de la provincia". Uno de los motivos de su intervención fue que anteriormente se había anulado otra convocatoria semejante efectuada por la Policía: la Licitación Pública 047/15, que también tuvo a Systeco SA como única oferente.
Si ese llamado se declaró fracasado fue porque la Contaduría General de la provincia efectuó una serie de observaciones "en razón de constituir vicios graves sobre formas esenciales de la licitación que eran insubsanables en la etapa en que se encontraba la misma".
Lo que sucedió fue que el pliego adquirido por la oferente era diferente al que formaba parte del expediente administrativo a través del cual se llamó a la Licitación Pública 047/15.
De todos modos al hacerse la segunda convocatoria persistió un problema advertido por la Contaduría General: una colisión "entre la modalidad de retribución pactada a favor de la empresa prestataria del servicio con lo establecido en la cláusula 9º, inciso d) del Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial", suscripto entre la provincia y la Nación el 15 de agosto de 2007.
Ese acuerdo estableció que los sistemas de control "no pueden tener como finalidad principal la recaudación proveniente de la aplicación de multas". Y además añade: "Cuando las autoridades jurisdiccionales no operen en forma directa los sistemas de registro fotográfico, contratando con empresas privadas ese servicio, la contraprestación a cargo de los entes públicos contratantes no podrá consistir, total o parcialmente, en porcentajes del producido de las multas aplicadas ni en ningún otro parámetro vinculado al rendimiento económico del equipamiento aportado".
Las advertencias fueron compartidas por la Secretaría Legal y Técnica, que emitió un dictamen con la firma de su titular, José Gervasio Laporte. Por su parte la Fiscalía de Estado resaltó que la Jefatura de Policía pretendió contratar el servicio con el aval de su Asesoría Legal pero ignorando las opiniones de la Dirección de Asuntos Jurídicos del MGJ y de la propia Fiscalía.
Así quedó plasmado en el dictamen 0293/17, fechado el 19 de abril de 2017 y firmado por Pablo Gianini, uno de los fiscales adjuntos de la Fiscalía de Estado. A través de ese documento se precisó que en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial, al que adhirió Entre Ríos, se dispuso que la autoridad de aplicación sería la Agencia Nacional de Seguridad Vial: el único organismo habilitado para instalar y operar sistemas de control de infracciones en caminos, rutas y autopistas. Esos y otros argumentos motivaron que mediante el decreto 14/16 MGJ se revocara el decreto 4519/15 MGJ, que aprobó lo hecho en el marco de la Licitación Pública 053/15 y adjudicó el servicio a Systeco SA, obligando a la Policía a interrumpir el contrato.
A la fuerza de seguridad también se le pidió que informara sobre las acciones implementadas en el marco de ese acuerdo y que elaborara un nuevo pliego con ayuda de la Unidad Central de Contrataciones. La idea era convocar a una nueva licitación pero ajustándose a lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito.
Desde el gobierno también se notificó a Systeco SA, a la que se entregó copia del decreto 14/16 MGJ. Hubo un intento fallido el 15 de enero de 2016, ya que pasadas las 23 horas el notificador no tuvo respuesta en Gualeguaychú 149. Tres días más tarde un empleado de la empresa, y en horario de comercio, efectuó el correspondiente acuse de recibo.
A punto de expirar el plazo legal para hacerlo, Systeco SA interpuso un recurso de revocatoria ante el Poder Ejecutivo, a fin de agotar los reclamos por vía administrativa. Si bien el trámite todavía no está resuelto, se descuenta que en breve habrá novedades en el marco del Expediente 1.805.218.
En caso de que su planteo sea desestimado la empresa acudirá a la Justicia para demandar a la provincia por presunto perjuicio y lucro cesante. Algo sobre lo que advirtió al momento de interponer el recurso de revocatoria.
