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El nuevo planteo fue hecho por la Asamblea Participativa de Mujeres, con el patrocinio de la abogada Candela Bessa, y ya fue puesta en conocimiento de los abogados defensores del magistrado, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen.

La presentación se da en medio de un clima de falta de definición en el ámbito del Jurado de Enjuiciamiento. Cinco de sus miembros fueron recusados, y ya fueron reemplazados pero, a pesar de que ya juraron ante el vicegobernador Adán Bahl, todavía no han podido mantener su primera reunión formal.

El Jurado de Enjuiciamiento ha mantenido nada más que dos reuniones plenarias: el 18 de abril y el 8 de mayo. Y aún no hay fecha para el tercer encuentro, en el que deberán entrar en funciones los nuevos jurados.

El jueves 18 de mayo, durante la última sesión del Senado, juraron los diputados Daniel Koch (Frente Renovador) y Esteban Vitor (Cambiemos) y los senadores Lucas Larrarte (FPV) y Daniel Olano (FPV), como miembros titulares y suplentes, respectivamente, por ambas Cámaras, ante el Jurado de Enjuiciamiento.

A ellos, se sumó la jueza Susana Medina de Rizzo, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Los defensores de Rossi recusaron al representante de la Justicia en el Jurado de Enjuiciamiento, el juez Emilio Aroldo Castrillón; al senador Ángel Giano (FPV), miembro titular por la Cámara Alta; y a los integrantes suplentes, el senador Roque Ferrari (Cambiemos) y la diputada Rosario Romero (FPV).

Los reproches de Vartorelli y Cullen para pedir su apartamiento se fundamentaron en las expresiones públicas que hicieron en torno al caso que involucra al juez Rossi y que lo pusieron en el ojo de la tormenta.

Para definir esas recusaciones –por la aceptación o el rechazo—fueron designados los nuevos miembros, que todavía no se han reunido ni una sola vez.

El juez Rossi fue blanco de innumerables críticas, que provinieron incluso de boca del presidente Mauricio Macri, luego del femicidio de la joven estudiante Micaela García, a quien se vio por última vez el sábado 1º de abril y cuyo cuerpo fue hallado una semana después, el 8 de abril, en un descampado de Gualeguay.

No pasó mucho hasta que las miradas de los investigadores recayeran sobre Sebastián Wagner como principal autor del femicido.
Wagner gozaba de libertad condicional, otorgada por el juez Rossi el 1º de julio de 2016.

El magistrado le otorgó la libertad condicional a Wagner, con dos causas por violación, quien hasta entonces estaba alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú, cumpliendo una pena de 9 años de prisión por dos hechos de violación. La pena impuesta se cumplía recién el 16 de julio de 2018, dos años después.

Conocido el desenlace del caso Micaela García, el juez Rossi se constituyó en el enemigo público número 1. "A este tipo de jueces no los podemos tener", dijo el presidente Mauricio Macri el 9 de abril.

Se inició entonces una catarata de presentaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento pidiendo la remoción del magistrado. La primera fue la del senador Nicolás Mattiauda (Cambiemos). El legislador hizo notar que "la resolución dictada el 1° de julio de 2016 por el Dr. Carlos Alberto Rossi, le otorga la libertad condicional a Sebastián José Luis Wagner, quien había sido condenado, en el año 2012, a nueve años de prisión efectiva por la comisión de dos delitos de violación contra estudiantes, ocurridas en julio y noviembre de 2010". Esa resolución "fue dictada por el Juez, a pesar de que los distintos informes técnicos que habían realizado el Equipo Técnico Criminológico, el Consejo Correccional de la Unidad Penal Nº 9, donde estaba alojado, y el Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, eran negativos y aconsejaban la permanencia de Wagner en prisión, como así también el fiscal del caso había dictaminado desfavorablemente porque el artículo 13 del Código Penal de la Nación requiere informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos".

Después del pedido de jury de Mattiauda, siguió la organización civil Red de Alerta; la formulada por el senador por el departamento La Paz Aldo Ballestena (FPV); la presentada por el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), que contó con la adhesión de 200 firmas; la que firmaron los bloques de diputados y de senadores de Cambiemos, con el acompañamiento de la firma del intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, y del senador nacional Alfredo de Angeli; y el promovido por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra). La séptima corresponde a los diputados María Elena Tassistro (del bloque Frente Renovador-Unión Popular) y Ricardo Troncoso (del bloque unipersonal Recuperación Radical).

Pero ninguno de esos pedidos de jury han sido resueltos de momento. Previo a eso, tienen que resolverse las recusaciones.
El Jurado, luego de las recusaciones, quedó compuesto así: Daniel Carubia (STJ), presidente; y lo integran además, Bernardo Salduna y Susana Medina de Rizzo (STJ); por el Senado: Lucas Larrarte (FPV) y Daniel Olano (FPV); por la Cámara de Diputados, Daniel Koch (Frente Renovador) y Esteban Vitor (Cambiemos); y por el Colegio de Abogados de Entre Ríos: Jorge Campos, y Roberto Behéran (titulares). Y Jorge Ricardo Moreira Ghiglione y Héctor Fidel Rodríguez (suplentes).
Fuente: Entre Ríos Ahora

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