Todo sucederá este miércoles: a las 12 está convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento; y a las 19 será la sesión de la Cámara de Diputados.
A Mizawak se le atribuye la causal de mal desempeño por los viajes que habría realizado por cuenta del Poder Judicial, una supuesta falta de control en el otorgamiento y rendición de viáticos, la participación en sociedades comerciales, la percepción de "sobresueldos" y la manipulación de votos en la acción de inconstitucionalidad respecto de la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas. La denuncia fue presentada por un grupo de abogados.
"Gastos reservados"
El dictamen que prepara la oposición es contundente en cuanto a que habría elementos para cada una de las causales planteadas en la denuncia. Por ejemplo, aluden a las ausencias que registra Mizawak desde que fue designada; señalan que entre 2013 y 2016 habría recibido 4.224.000 pesos en la cuenta sueldo del Poder Judicial en concepto de "gastos reservados". Dicen, además, que integró una sociedad comercial hasta seis meses después de asumir en el alto cuerpo y que en su descargo presentó un documento falso para pretender desmentirlo. También se consigna una "grave negligencia" que habría favorecido el robo de armas del depósito de tribunales, ya que hay documentación y testimonios que prueban que Mizawak sabía desde tiempo antes de las fallas en la seguridad y de la desaparición de objetos secuestrados y no tomó los recaudos pertinentes. De allí que, para los legisladores de la oposición, es "harto indubitable" que Mizawak incurrió en las causales de mal desempeño y que "ninguna razón o elemento de peso se ha aportado para desvincular su directa responsabilidad en los hechos endilgados", por lo que consideran que debe ser acusada y suspendida en su cargo.
Los viajes de la presidente
Los legisladores de Cambiemos aseguran que entre enero de 2008 y diciembre de 2016, Mizawak registra 332 días hábiles como ausente de la jurisdicción, alegando motivos oficiales, y que percibió 400,5 días de viáticos, por una suma de 537.763,50 pesos.
Sólo en el período que lleva como presidenta del alto cuerpo, desde 2013, totaliza 133 días hábiles (179 días corridos) de ausencias por viajes, de los cuales se le asignaron 178 días de viáticos, por 338.776 pesos. "Se halla acreditada la existencia de un sinnúmero de convenios celebrados por la doctora Mizawak, en representación del Superior Tribunal de Justicia, con distintas instituciones nacionales y extranjeras, durante el período en ejercicio de la presidencia", empiezan diciendo al respecto.
Detallan, posteriormente, que son "convenios cuya utilidad para el Poder Judicial de la provincia se desconoce, pero que en todos los casos, han servido para 'justificar' viajes a distintos puntos del país (CABA, Santa Fe, Rosario, Corrientes, San Juan, Neuquén, Córdoba, Formosa, Puerto Iguazú, Ushuaia, Misiones) y del exterior (España, Italia, Uruguay) y la percepción de viáticos", reza el dictamen de Cambiemos.
Los legisladores de la oposición destacaron, además, "ciertas irregularidades" en la asignación de viáticos a la presidenta del alto cuerpo, por ejemplo, que aparece firmando sentencias en días en que estaba fuera de la jurisdicción e incluso fuera del país.
Esto revela, a criterio de la oposición, que Mizawak, "de manera evidentemente abusiva, se ha valido en este último tiempo de su condición de presidente del alto cuerpo para concretar una prolífica cantidad de viajes y ausencias de la jurisdicción, contraviniendo no sólo la asistencia regular a las tares propias de su cargo como vocal, que la obligan a concurrir diariamente a su despacho u oficina en las horas que determine el Superior Tribunal para intervenir y fallar en los expedientes en los que se ha atribuido competencia, sino también las demás tareas que el ejercicio de la presidencia le impone".
La inconducta de Chiara Díaz
Le cuestionan, también, "falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias", es decir, si Carlos Chiara Díaz se ausentó de su despacho durante 282 días, entre licencias y ausencias, durante los años 2014, 2015 y 2016, es también responsabilidad de Mizawak". Los legisladores de Cambiemos lo responden a partir de una pregunta: "¿Pudo haberse dado la inconducta del doctor Chiara Díaz, probada por esta Cámara (de Diputados), si el Tribunal de Superintendencia presidido por Mizawak hubiera exigido la rendición que impone la norma reglamentaria? La respuesta es impuesta por el sentido común más elemental, y es un rotundo no. La inidoneidad puesta en evidencia por la doctora Mizawak para ejercer la Superintendencia del STJ es palmaria".
Aquí los legisladores hicieron una pequeña digresión para no dejar pasar la "grosera parcialidad" y "falta de colaboración" del vicepresidente del STJ, Bernardo Salduna, respecto de la documentación sobre los pedidos de viáticos de Mizawak, en una actitud diferente a la que tuviera en ocasión del proceso de juicio político a Chiara Díaz.
También advierten los diputados de Cambiemos que Mizawak habría percibido sobresueldos por 4.224.000 pesos, solo entre 2013 y abril de 2016, cuando se reveló que el presupuesto le asignaba al STJ una partida de "gastos reservados" que era administrada por Mizawak y de la cual no habría justificado el destino que se dio, ni ante la Contaduría General de la Provincia ni ante el Tribunal de Cuentas, salvo por recibos simples extendidos por la propia magistrada sin ningún detalle.
Los informes analizados indican que en 2013 se asignó al Poder Judicial una partida de 959.000 pesos que fue ejecutada en su totalidad; en 2014, sobre una partida de 1.065.000 pesos, el importe fue consumido en su totalidad; y en 2015, la asignación presupuestaria para "gastos reservados" de la Justicia fue de 1.500.000 pesos, también agotada íntegramente. En 2016 la partida ascendía a 1.890.000 pesos, de los cuales se consumieron 700.000 pesos hasta abril, en que la Revista Análisis publicó la novedad. Los otros 1.180.000 pesos no se utilizaron.
Lo que ahora descubrió la Comisión de Juicio Político es que ese dinero era depositado en la "cuenta sueldo" del Poder Judicial y eso lleva a colegir a los diputados de Cambiemos que "ese dinero fue a parar al bolsillo de la doctora Mizawak, lisa y llanamente".
"La rendición global no existe y la rendición de cuál o cuáles fueron los actos protocolares cubiertos con esos fondos, tampoco existe. No existe constancia alguna en ese sentido, por lo tanto, reiteramos, esos fondos fueron utilizados discrecionalmente con un destino ignorado, pero que la prueba producida lleva a una única conclusión: ingresaron al patrimonio de la denunciada", concluyeron los diputados.
Jueza y empresaria
Sobre su participación en sociedades comerciales, los legisladores aclaran, en primer lugar, que no hay registro de que Mizawak fuera socia del ex gobernador Sergio Urribarri, como se había consignado en la denuncia. Pero sí se detectó una incompatibilidad con su función de magistrada por haber conformado una sociedad comercial con su esposo, Raúl Arroyo, hasta, por lo menos, seis meses después de asumir como vocal del STJ. De acuerdo con los datos aportados por la Inspección General de Justicia (IGJ), Mizawak y Arroyo conformaron en el año 2003 la empresa A y M Emprendimientos SA, con un 50 por ciento del capital social e integrando ambos el directorio, Arroyo como presidente y Mizawak como directora suplente. Esta situación "se mantuvo inalterada hasta julio de 2008, que ingresó para su registro (en la IGJ) el cambio de autoridades, registración que se perfeccionó recién en el mes de octubre del mismo año", dicen los legisladores de Cambiemos.
Si Mizawak asumió como vocal del STJ el 26 de diciembre de 2007, "estuvo incursa en la causal de incompatibilidad" hasta el 2 de julio de 2008, al menos. Esto es así porque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente que "es incompatible el cargo de magistrado con la actividad comercial o profesional, salvo en causa propia, de su cónyuge, hijos menores o incapacitados y el desempeño de cualquier otra función o empleo, con excepción de la de miembro de comisiones sin carácter permanente y del ejercicio de la docencia universitaria y de nivel terciario".
Grave acusación: documentación falsa
En su descargo, la magistrada presentó un documento donde asegura haber cesado como directora suplente de A y M Emprendimientos SA antes de asumir en el STJ. Los legisladores de Cambiemos dicen que esa documentación es falsa: "Hemos advertido serias irregularidades que echan por tierra el pretendido descargo de la doctora Mizawak, en el que llamativamente no precisa fecha alguna de su renuncia, pero con el cual incorpora documental con la que pretende hacernos creer que cesó en su cargo de directora suplente el 21 de agosto de 2006". Lo curioso es que el acta está suscripta a las 11.45 en Paraná y hay un documento similar presentado ante la IGJ con la firma de Mizawak el mismo día y a la misma hora pero en Capital Federal. "Ergo, ambos instrumentos, que son de carácter privado y carecen de fecha cierta, son faltos de toda credibilidad por autocontradicción, quedando en evidencia la falsedad ideológica de los mismos, desde que ambos socios, la doctora Mizawak y su cónyuge Raúl Arroyo, no pudieron jamás estar en ambos lugares a la vez, es decir, el mismo día y a la misma hora en Paraná y simultáneamente en Capital Federal", consignan los diputados de la oposición en su dictamen.
Sociedades
Otro punto que se corroboró "es la participación no directa pero sí de los miembros de la familia" de Claudia Mizawak en sociedades comerciales con los mayores contratistas de la obra pública en Entre Ríos. Jorge Abraham Mizawak y Eugenia Ormache, el padre y la hija de la magistrada, son integrantes del directorio de Construyendo SA y Residential SA, junto con Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Marcelo Javier Tortul y Claudio Raúl Tortul. En tanto, Arroyo, el esposo de la magistrada, es socio Szczech en la firma Mandato Fiduciario SA. Consideran, finalmente, que es "imperdonable que el cónyuge de la presidenta del STJ, su hija y su padre compartan cargos gerenciales o de dirección en sociedades con los mayores contratistas del Estado provincial" y creen que la magistrada "se ha visto y está beneficiada directamente por los negocios de su marido con el Estado, en tanto conforman una comunidad conyugal, por lo que no resulta aceptable éticamente y genera sospechas fundadas sobre la ética en el ejercicio de su función judicial".
