El pedido, presentado al amparo de la Ley Provincial N° 11.191, requería copia íntegra del instrumento, la identificación de las partes y de los funcionarios firmantes, el acto administrativo que lo aprobó y precisiones sobre eventuales erogaciones, contrataciones, protección de datos y el papel de Mirador TEC. La Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación -a cargo de Emanuel Gainza- respondió con un informe y con el expediente de registro del convenio. De esa documentación surgen tres cuestiones centrales. La primera es que no existe decreto ni resolución que apruebe el memorando. Así lo admite de manera expresa la respuesta: el instrumento fue suscripto directamente por el gobernador Rogelio Frigerio, en ejercicio de las atribuciones constitucionales propias de su cargo, invocando los artículos 155, 174 y 271 de la Constitución provincial. Es decir, un acuerdo con una multinacional extranjera -Salesforce, Inc., constituida en el estado de Delaware- quedó fuera del circuito habitual de aprobación administrativa y sin intervención de la Legislatura. El propio dictamen jurídico que obra en el expediente aclara que su opinión se limita al análisis jurídico-formal y que no comprende la evaluación de la necesidad institucional, la factibilidad técnica, la conveniencia tecnológica ni la disponibilidad presupuestaria del convenio.
La segunda cuestión es de fechas. El memorando se firmó el 17 de julio de este año. Sin embargo, todo el trámite de registro ante la Escribanía Mayor de Gobierno -la nota que lo solicita, el dictamen jurídico y la caratulación del expediente- lleva fecha del 27 de julio, exactamente el día en que la Provincia respondió el pedido de acceso, diez días después de la rúbrica. El dictamen, además, está redactado en términos prospectivos: concluye que no existen objeciones jurídicas sustanciales para avanzar con la suscripción del memorando, como si la firma no se hubiera producido todavía, aunque el gobernador ya lo había firmado. Saber cuándo se elaboró realmente esa opinión es una de las precisiones que ahora se reclaman.
La tercera cuestión gira en torno a Mirador TEC. Consultada sobre el papel del parque tecnológico en el acuerdo, la Provincia respondió que el memorando no asigna a Mirador TEC funciones, obligaciones ni participación alguna en su ejecución, que no existe vínculo jurídico específico y que no se prevén fondos públicos a su favor. La afirmación es exacta en cuanto al texto del convenio, pero omite el entramado que lo rodea.
El acto de firma se realizó, precisamente, en las instalaciones de Mirador TEC, en Paraná, y de él participó su director general, Carlos Pallotti, junto con el vicepresidente regional para el Sector Público de la compañía. Y la propia respuesta oficial reconoce, al contestar otro punto, que la jornada de capacitación gratuita se desarrolló después en Mirador TEC. El parque no es un tercero cualquiera: se trata de la Fundación Mirador TEC (Parque Tecnológico, una entidad creada por el Gobierno de Entre Ríos), el IAPSER -el instituto autárquico provincial del seguro- y el Polo Tecnológico del Paraná. El proyecto, según se informó al presentarlo, se financia a través del IAPSER, que percibe una renta mensual de la fundación. De modo que la sede y el espacio donde se ejecutó la primera actividad concreta del acuerdo es una estructura que preside quien lo suscribió y que se sostiene con recursos canalizados por un organismo provincial.
El pedido también indagó sobre la protección de los datos de los entrerrianos que interactúen con los sistemas o agentes de inteligencia artificial que eventualmente se implementen. La respuesta sostiene que el memorando no contempla la implementación de sistemas, plataformas o agentes de inteligencia artificial que impliquen el tratamiento de datos personales. La afirmación contrasta con el propio anexo del convenio, cuyo primer pilar es la transformación digital y agéntica (capacidad de actuar de manera autónoma, tomar decisiones y ejecutar planes por cuenta propia para lograr un objetivo. En el campo de la tecnología, se usa principalmente para hablar de sistemas capaces de operar con poca ayuda humana) del gobierno mediante agentes de inteligencia artificial para mejorar la experiencia ciudadana, y con lo que el gobernador destacó al firmar: que la tecnología permitiría agilizar los trámites públicos y la relación cotidiana de los ciudadanos con los organismos del Estado. Es la línea de negocios que Salesforce impulsa con Agentforce, su plataforma de agentes autónomos. El dictamen de la Coordinación de Asuntos Jurídicos advirtió sobre ese punto que toda actividad que implique acceso o tratamiento de datos provinciales deberá instrumentarse mediante un convenio específico previo, que deberá prohibirse el uso de información provincial para entrenar o mejorar modelos generales de inteligencia artificial sin autorización expresa, y que habrá que respetar la Ley 25.326 de protección de datos personales y el fallo Torres Abad de la Corte Suprema.
El memorando repite, en varias de sus cláusulas y en las respuestas oficiales, que no otorga a Salesforce exclusividad, preferencia, ventaja competitiva ni compromiso de contratación futura, y que la Provincia conserva plena libertad para contratar con terceros. Es la fórmula que mantiene al acuerdo por fuera de la Ley 5140 de contrataciones. Al mismo tiempo, el tercer pilar del convenio consiste en capacitación gratuita en habilidades de inteligencia artificial y en tecnología de la propia Salesforce, a través de su plataforma de formación en línea, y el gobernador anticipó que esto recién comienza. El acuerdo entrerriano no es, por lo demás, un hecho aislado: se inscribe en una secuencia que incluyó un memorando de la compañía con el gobierno nacional durante la Argentina Week de este año y un plan de inversión anunciado en Davos, y en la que los dos representantes de la empresa que intervinieron en la firma pertenecen a sus áreas de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas.
Nada de lo anterior supone, por sí mismo, una irregularidad. El memorando es, en sus términos, un instrumento preliminar y no vinculante; no compromete fondos, puede ser rescindido por la Provincia en cualquier momento e incluso de manera inmediata por razones de interés público, y su redacción incorpora resguardos en materia de datos, propiedad intelectual e imagen institucional. Pero la distancia entre el tono minimizador de las respuestas (no hay costo, no hay vínculo, no hay datos, no hay preferencia) y el alcance que el propio gobierno le atribuyó públicamente al anunciarlo justifica seguir preguntando.
Por eso se presentó una ampliación del pedido de acceso. Entre otros puntos, se reclama la fecha real de elaboración del dictamen jurídico; el motivo por el cual el registro se tramitó recién el 27 de julio y si el convenio se publicó en el Boletín Oficial; el instrumento por el cual se dispuso el uso de Mirador TEC y si tuvo costo; el vínculo financiero vigente entre el IAPSER y la fundación; la fecha, los contenidos y los asistentes de la capacitación, y si se crearon cuentas o licencias de las plataformas de Salesforce a nombre de la Provincia o de sus agentes; si ya se realizaron pruebas piloto sobre datos o sistemas provinciales; la totalidad de las comunicaciones entre funcionarios y la empresa; y si existen acuerdos equivalentes con otros proveedores. Las respuestas -o su ausencia- dirán hasta dónde llega, en los hechos, un convenio que fue presentado como el primer paso de la provincia hacia la inteligencia artificial en el Estado.
