La presentación judicial fue presentada luego de tres inspecciones en las que se constataron "hechos reñidos con la legislación vigente", de acuerdo con las constancias administrativas.
Concretamente, el farmacéutico fue acusado por la guarda de medicamentos para la venta a los cuales se les había modificado la fecha de vencimiento y los números de lote; por la venta de remedios sin recetas; y porque vendía medicinas u otras sustancias en cantidades distintas a las autorizadas en las recetas médicas.
Detectado por inspectores
Las irregularidades fueron detectadas por inspectores del Ministerio de Salud en tres ocasiones que llegaron hasta la farmacia, lo que motivó primeramente la sustanciación de un sumario al propietario y director técnico de la farmacia; y la remisión de las actuaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para que tome conocimiento sobre posibles irregularidades impositivas.
El 31 de octubre de 2014, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud provincial presentó una denuncia penal en los tribunales de Diamante, que luego pasó al Juzgado Federal de Paraná.
Sin embargo, la causa judicial ha tenido un curso complicado. El farmacéutico fue procesado en primera instancia la posible comisión de delitos contra la salud pública, como sería la adulteración de medicamentos; pero la Cámara Federal de Apelaciones anuló las dos declaraciones indagatorias que prestó el acusado por considerar que "ha existido una errónea comunicación de los hechos imputados", es decir, la acusación le fue contada de una manera tan confusa que el hombre no sabía de qué tenía que defenderse, de acuerdo con la consideración que hizo el propio fiscal Ricardo Álvarez, y que luego fue ratificada por el tribunal.
El sumario administrativo
Las irregularidades fueron detectadas por agentes del Ministerio de Salud en inspecciones realizadas el 8 de febrero de 2012, el 17 de junio de 2013 y el 3 de septiembre de 2013. En las actas que luego se remitieron a la justicia se indicó que en la farmacia se habrían detectado remedios vencidos a los cuales se les modificaron los números de lote y fechas de vencimiento; también irregularidades por la venta de remedios sin la presentación y archivo de recetas; y la tenencia en su poder de sustancias en cantidades distintas de las autorizadas, como así también su venta al público sin receta médica o en cantidades mayores a las recetadas.
En el expediente administrativo se consignó que "en las tres inspecciones realizadas se constatan hechos reñidos con la legislación vigente, en virtud de las cuales se articularon dos acciones no excluyentes: la primera fue disponer la 'clausura provisoria', entendiendo que la finalidad de la misma es evitar de manera inmediata que se perjudique a la población por las falencias que se ponderan como graves o gravísimas y que necesitan una rápida corrección.
Sanciones
La segunda acción promovida fue la iniciación de un sumario al profesional farmacéutico involucrado, cual es el procedimiento idóneo destinado a aplicar una sanción correctiva y hasta suspensiva, entre las cuales se puede clausurar por un número determinado de días o la clausura definitiva", de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Número 840/2016, firmado por el gobernador Gustavo Bordet y el ministro Ariel de la Rosa.
El sumario no está concluido, pues se dispuso realizar una nueva inspección para verificar si se han subsanado las irregularidades.
El camino judicial
Como se dijo, la causa judicial transita por otro camino. Ya el fiscal Ricardo Álvarez había señalado que "la imputación recrea de una manera inentendible los hechos", "las actas lucen como un multiple choise, no fidelizan el acontecimiento, contienen casilleros que se van llenando y no son suficientes para saber lo que ha ocurrido" y "no hay pericia que determine que los medicamentos sean peligrosos para la salud y que se haya ocultado y falsificado el vencimiento". El fiscal incluso fue más allá y advirtió que algunos de los hechos que se le atribuyen al farmacéutico podrían estar prescriptos por el paso del tiempo.
De allí la parte la resolución de la Cámara Federal para volver todo atrás.
En el fallo se advirtió que "ha existido una insuficiente imputación de los hechos, toda vez que no se ha efectuado atribución concreta de cuáles han sido aquellos medicamentos que el nombrado habría almacenado con fines de comercialización, como así tampoco se le ha indicado concretamente cómo y cuándo habría disimulando su carácter nocivo, sin indicar a qué medicamentos se les habría modificado los números de lote y fechas de vencimiento.
Tampoco se le mencionó al imputado qué sustancias medicinales, a quién, cuándo y cómo las habría suministrado sin la presentación y archivo de las recetas correspondientes.
Asimismo se omitió detallar con precisión qué sustancias estupefacientes estaban en poder del imputado en cantidades distintas de las autorizadas, al igual que no indicó qué sustancias habrían sido comercializadas por éste al público sin receta médica o en cantidades mayores a las recetadas, sin a su vez especificar a quién y cuándo las habría comercializado".
Así las cosas, el farmacéutico que había sido procesado, volvió a la condición de imputado, pues se declaró la nulidad de las indagatorias y todos los actos posteriores, lo que vuelve todo a fojas cero.
