Los gastos monumentales fueron administrados de forma directa y sin licitación por el exGobernador y su entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a través de una Unidad Operativa a cuyo frente se ubicó a dos funcionarios que todavía siguen en el Gobierno: el subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, Hugo Félix Céspedes; y como coordinador contable, al director del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, Gustavo Tórtul.
Con la venia de la Legislatura, Urribarri consiguió sortear todos los mecanismos de control y licitación para contratar durante la Cumbre Mercosur. La Ley N° 10.327 facultó al Ejecutivo a "utilizar el procedimiento de contratación directa para la ejecución de obras, contratación de los servicios, adquisición de suministros, y en general para toda compra y/u operación que resulten necesarios para la realización de los distintos efectos que se realicen".
Así, le pagó una cifra superior a los $28 millones a la firma Nelly Entertainment SA. El viernes 4 de septiembre de 2015 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el texto del decreto Nº 4.800, firmado por Urribarri, por el cual se aprobó "lo actuado por la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur en referencia a la contratación directa" de publicidad para la difusión "del contenido de cuatro piezas audiovisuales, tres de 60 segundos y una de 45 segundos en televisión por aire y por cable a nivel nacional" a partir del 10 de diciembre y por quince días en el marco de la Cumbre Mercosur.
También se contrató a la productora La Aldea Comunicación SA, por un monto total de $1.194.158,68, "para la difusión del contenido de cuatro piezas audiovisuales, tres de 60 segundos y una de 45 segundos, en las redes sociales Facebook, Twitter y Google", a "nivel nacional" a partir del 10 de diciembre y por quince días consecutivos. La Aldea es propiedad de Javier "el Profe" Romero, un periodista que supo trabajar al lado de Jorge Lanata, pero que adquirió mayor repercusión en el programa ultrak Duro de Domar, en canal 9 de Buenos Aires.
Una altísima fuente de la Justicia reveló que desde el mismo momento en que empezaron a divulgarse las cifras pagadas, y las formas de contratación de Nelly Entertainment SA, comenzó la averiguación desde Tribunales. Pero que el trabajo fue silencioso, hasta ahora, que toda la información recolectada fue puesta en manos de dos fiscales, que ya tramitan la causa.
La Trama
El 9 de octubre de 2015, Entre Ríos reveló aspectos hasta entonces desconocidos de la tramitación de la contratación de Nelly Entertainment SA.
La Ley 10.327 promulgada el 20 de Octubre de 2014, que declaró de interés la 47 Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de ese año en Paraná, facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria para realizar eventos inherentes al encuentro de los jefes de Estado de la región.
La autorización legal que permitió al Ejecutivo eludir los procedimientos naturales de licitación pública, cotejo de precios, etc., pero bajo la exigencia de que lo contratado por vía directa sea lo estrictamente necesario para la organización y realización de la Cumbre. Sin embargo, el Gobierno Provincial contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube, por más de 28 millones con la firma Nelly Entertainment, para dar a conocer cuatro videos, de los cuales, tres no tenían absolutamente nada que ver con la visita de los presidentes del Mercosur.
O sea, buena parte de ese gasto se habría usado para pagar el "sueño entrerriano" de Urribarri y la instalación de su figura en el orden nacional, hasta que su candidatura terminó opacada por Daniel Scioli.
Fuentes consultadas admitieron que la contratación no podía enmarcarse en la autorización legislativa del artículo 2º de la Ley 10.327, porque por más amplio que fuera dicho salvoconducto, solo uno de los vídeos que Rodríguez y De Vido subieron a las redes tenía relación directa con la Cumbre: un material fílmico en el que Urribarri aparece brindando un saludo de bienvenida a los presidentes.
Los otros tres (https://www.facebook.com/sergiourribarri/videos/vb.109351389090584/1024664267559287/?type=3&theater ) se refieren pura y exclusivamente a propaganda sobre la gestión del por entonces precandidato a Presidente de la Nación, Sergio Urribarri. En dichos spots el exGobernador anfitrión hablaba de la inversión del Ejecutivo entrerriano en Seguridad, Educación e Investigación Científica. Como única mención al cónclave histórico, los videos contienen una inscripción en su parte inferior que reza: "Entre Ríos, sede de la XLVII Reunión de Presidentes del Mercosur", casi, casi, como una manera de justificar la utilización para una contratación millonaria, de un material que no tenía nada de "inherente".
Pero esa no sería la única particularidad llamativa del Expediente Nº 1656798, iniciado el 25 de Noviembre de 2014 a instancias del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, e identificado con el poco ilustrativo nombre de "Área Técnico-Administrativa – Dirección General De Despacho – Subsecretaría de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos – Secretaría de Comunicación –Ministerio de Cultura y Comunicación – Poder Ejecutivo".
Otra peculiaridad del expediente para la contratación directa por $28 millones con una agencia de Buenos Aires es el ritmo vertiginoso de su tramitación. Si bien es razonable que se trataba de gestiones que requerían de cierta celeridad, es llamativo, para cualquiera que haya realizado alguna vez un trámite en la Administración Pública Provincial, que en cinco días hábiles (27 y 28 de Noviembre, y 1º, 2 y 3 de Diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los Organismos de Control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables.
Corresponde aclarar que los diez funcionarios encargados de los controles previos de la actividad estatal dictaminaron sobre un proyecto del disuelto Ministerio de Cultura "en abstracto", es decir, sin ver los materiales que Báez pensaba difundir por contratación directa, pero no deja de llamar la atención de cualquier experto en vericuetos administrativos la agilidad puesta de manifiesto por dichos organismos en el caso en particular.
Pero, quizás por ese frenético derrotero del expediente, ninguno de los controladores advirtió tampoco que el exministro de Cultura no aclaraba si la difusión sería local o nacional, como tampoco especificaba en su pedido el plazo de la campaña, el monto de la contratación, el presupuesto estimativo, los horarios, canales, programas, redes, o demás detalles adonde se pretendía incluir el material referido a "políticas públicas", detalles de importancia, dado que si bien la Ley 10327 autorizaba a la contratación directa, en su artículo 8ª mandaba aplicar expresamente la Ley de Contabilidad y los principios del derecho administrativo, que establecen topes, formas y garantías para los eventuales participantes de cualquier proceso de contratación con el Estado.
Con todas esas maratónicas autorizaciones, el exministro Báez avanzó y el 4 de Diciembre resolvió interesar a los medios de comunicación y agencias de publicidad para que propongan un esquema para la difusión de los cuatro spots "inherentes" a la Cumbre, en el exiguo plazo de 4 días. Dicha invitación a ofertar fue realizada en "El Diario" de Paraná, y en ningún otro medio escrito local ni nacional. El viejo diario que fuera radical y ahora está en manos de empresarios amigos del Gobierno Provincial demostró tener una llegada inusitada, ya que logró el interés de cuatro empresas de Buenos Aires que el 9 de diciembre presentaron sus ofertas entre las 7.10 y las 9.55 horas.
Con las ofertas a las vista, Báez y los funcionarios de su ministerio decidieron que sólo dos cumplían con los requisitos, exigencias sólo conocidas por ellos, ya que no había un precio testigo que pudiera establecer que 31 millones era una cifra adecuada, como así tampoco había un pliego de condiciones mínimas para explicar a los interesados cuáles eran las necesidades de difusión del Poder Ejecutivo Provincial. Tan poca referencia tenían los oferentes, que una de las propuestas se olvidó de enmarcar la contratación en la Cumbre del Mercosur y se presentó para difundir los spots "para publicitar los logros de los 7 años de gobierno".
Así las cosas, en cinco días, el Gobierno Provincial publicó el aviso en "El Diario", recibió las ofertas, descartó las que no cumplían con sus requisitos y publicó el Decreto 4800/14. El 9 de diciembre de 2014, entre las 10 (hora de cierre de las presentaciones de los interesados) y las 13 horas, con una intervención que quedará en los anales de la eficiencia estatal, el proceso de contratación recibió el aval del director de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura, el exministro Pedro Báez, el exgobernador Sergio Urribarri y la directora de Despacho (estos últimos para la elaboración del Decreto emitido ese mismo día).
