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La Justicia Federal requirió información a diferentes áreas de la Municipalidad de Gualeguaychú para conocer si el Ejecutivo local actuó fuera de la normativa vigente. Fue en el marco de una investigación solicitada por el ex fiscal federal Dr. Pedro Rebollo.

“Por disposición del Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo del Dr. Hernán Viri, el Escuadrón 56 -Gualeguaychú- de Gendarmería Nacional, procedió a la entrega de diferentes mandas judiciales destinadas a la Dirección Legal y Técnica de la Municipalidad de Gualeguaychú, al Centro de Defensa Comercial e Industrial y a la Dirección de Tránsito municipal, todos relacionados con requerimientos de informes por actividades que podrían haberse llevado a cabo entre el 22 al 26 de agosto del corriente año, por la eventual vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)”, informó la fuerza de seguridad en un comunicado.

“Entre otras medidas dispuestas y de interés para la causa, el juez requirió informes vinculados a si hubo comercios a los que se les haya puesto en conocimiento de la eventual vigencia del Aislamiento citado; como así también si se dispusieron retenes o cualquier otro operativo en distintos puntos de la ciudad a raíz del mismo; autoridades que lo habrían dispuesto y bajo qué normas”, especificaron.

Fuentes municipales avalaron la información a la vez que confirmaron que el plazo establecido por el juez para la respuesta de dichos requerimientos es de 48 horas.
La investigación
El Ministerio Público Fiscal Federal –en aquel momento bajo la representación del Dr. Pedro Rebollo– solicitó al juez Dr. Hernán Viri la apertura de una investigación para establecer “si algún funcionario público incurrió en un delito al haber sancionado el ASPO en Gualeguaychú” previo a la publicación del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) en el Boletín Oficial de la República Argentina el jueves 27 de agosto.

Cabe recordar que fue dicha normativa la que incorporó formalmente –dentro de los alcances del decreto 677/2020– al departamento Gualeguaychú en la fase de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) desde ese jueves pasado hasta el domingo 30 de agosto, condición que se extendió con un nuevo decreto que rige hasta la actualidad.

Pero lo cierto es que el Ejecutivo local declaró el retroceso a la fase 1 de Aislamiento informándolo en los medios de comunicación durante le mediodía del viernes anterior, lo confirmó el sábado siguiente e impuso la norma sin que la misma estuviera siquiera encuadrada en el DNU vigente y mucho menos publicada en el Boletín Oficial para considerarse vigente. Recién cuatro días después, el Ejecutivo nacional incorporó a Gualeguaychú a la mencionada situación.

Esa ventana de cuatro días es la que hoy investiga Viri.

Por otra parte, cabe remarcar que pese a que no se encontraba vigente la normativa, se comunicó que los rubros que no integraban las actividades esenciales dentro del ASPO debían cerrar sus locales comerciales y dejar de ejercer sus oficios, como así también se estableció la restricción de la circulación de las personas e incluso se pudo observar a las fuerzas de seguridad alertando sobre la implementación del ASPO en la ciudad. Desde el Intendente Martín Piaggio hasta funcionarios de diversas áreas municipales, recorrieron los medios de comunicación locales informando acerca de la medida.

Cuando trascendió la carencia de marco normativo, esto generó un importante malestar social que devino en reclamos sociales que se extendieron incluso publicado el nuevo decreto.
Fuente: R2820

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