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El 8 de enero pasado, el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Concordia, Alejandro Daniel Rodríguez, dispuso embargar las cuentas del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) por un monto de $971.223,00.

Este monto equivale al costo de los medicamentos que requiere Siomara Roballo, de 25 años, para tratar la hipertensión pulmonar severa que padece. La joven está, además, en lista de espera por un trasplante de pulmón y corazón. Desde la obra social indicaron que la medicación fue entregada entre el jueves 9 y el sábado 11. “Iosper siempre cumplió con la prestación (ya que un medicamento se entregó en tiempo y el otro estaba en plena etapa de compra), pero acá hay que advertir algo que es gravísimo, ya que estas medidas judiciales obligan a redireccionar el dinero para prestaciones de 300 mil afiliados para un solo caso”, se quejó Arnoldo Schmidt, gerente de prestaciones de Iosper.
Solicitaron que se levante el embargo
La judicialización de las prestaciones es una constante en la obra social provincial, la mayor prestadora de salud de la provincia. En octubre de 2018, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia embargó de la cuenta corriente del Iosper la suma de $704.569,78 y ordenó al organismo provincial a derivar a un afiliado al Hospital Italiano de Buenos Aires para realizarse allí una intervención quirúrgica, aunque ese nosocomio la rechazó luego por la condición clínica del paciente.

Ahora, el gerente de prestaciones de Iosper asegura que el fallo judicial que embargó las cuenta de la obra social por casi 1 millón de pesos se dio cuando uno de los dos medicamentos que requería Siomara “ya estaba para la entrega del afiliado; y el otro medicamento se encontraba ya pedido y en proceso y trámite de compra. No obstante, el fallo de la Justicia de Concordia, del 6 de enero, condenó a Iosper a la provisión de ambos medicamentos, lo cual estaba ya en trámite. Sin embargo, el miércoles 8 el juez decreta el embargo a las cuentas del Instituto por $971.223. Pero la medicación ya está entrada”.

Según Schmidt, “la primera medicación la retiró el papá de la paciente el jueves 9 y la segunda, el sábado 11. Y como esa entrega ya está acreditada, acudimos este lunes 13 a la Justicia y solicitamos al juez que se ordene el levantamiento del embargo”.

“En este contexto -apuntó-, lo que decimos es que acciones individuales de afiliados a la obra social van en perjuicio y en detrimento de los 300 mil afiliados, o sea del colectivo”, concluyó.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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