A través de una presentación que lleva 1.200 firmas de empleados judiciales de toda la provincia, el gremio reclamó al titular del STJ, Martín Carbonell, que “en su carácter de máxima autoridad administrativa de este Poder Judicial” insista ante el Poder Ejecutivo “a que abone la diferencia porcentual en nuestros haberes generada por la vigencia de la Ley de Emergencia N° 10806”.
Ese porcentaje que reclama AJER, “superior al 25% de nuestros sueldos, resulta imprescindible para la subsistencia diario atento al virulento aumento del costo de la canasta básica”. En el planteo que recibió Carbonell hacen notar que el Gobierno “ha hecho caso omiso de la Ley N° 10068. Las sumas devengadas son debidas y la ejecución debe ser exigida por quien debe velar por el cumplimiento de las leyes por en ende salvaguardar el servicio de justicia. No hacerlo así, ¿qué mensaje se está dando a los justiciables que demandan por sus derechos?”.
El texto de la petición llegó a cada uno de los vocales que integran el STJ.
Ley de Enganche
El 26 de octubre de 2011, la Legislatura sancionó la Ley N° 10068 que estableció que “a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente”.Es lo que se conoce como Ley de Enganche Salarial. La vigencia de la Ley de Emergencia Solidaria, que la Legislatura sancionó en julio de 2020 y que tuvo vigencia hasta junio último, dejó en suspenso la aplicación de esa ley y por tanto los salarios de los judiciales fueron resueltos por el Poder Ejecutivo. Pero sin Ley de Emergencia, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) salió a alertar que la Ley de Enganche sigue suspendida y por eso resolvieron ir al paro en los Tribunales de la Provincia.
AJER demanda que la Ley de Enganche se cumpla efectivamente y que se resuelva de qué modo se aplicará el desfase retroactivo durante el año en el que rigió la Ley de Emergencia Solidaria, julio de 2020 y junio de 2021, período en el cual no rigió la Ley de Enganche.
