Lara había rechazado in limine la denuncia de Reggiardo por considerar que el mecanismo adecuado para analizar la conducta del jefe de los fiscales es el juicio político y no el jury. Sin embargo, el denunciante cree que al no correr traslado al resto de los integrantes del órgano para que se pronuncien, el diputado “ha vulnerado de manera ilegítima y arbitraria preceptos constitucionales”.
El abogado victoriense fue más allá y señaló que el legislador tuvo “una voluntad evidente de bloquear los procedimientos instituidos por la Constitución (…) a fin de evitar que el Honorable Jurado de Enjuiciamiento se pronuncie acerca de la competencia”, es decir, si el procurador debe ser sometido al jury o a un juicio político.
En la presentación se había consignado que “Lara, en una sola resolución, violó numerosos artículos constitucionales, modificó vía resolución de mero trámite la mismísima Constitución y se dio el lujo de resolver por sí asuntos que son competencia exclusiva de un órgano colegiado, que él preside pero que tiene seis integrantes más (…) manejándose como un monarca” y acotó que el legislador no puede “reformar el instituto del juicio político y arrogarse ser interprete de la Constitución en soledad”.