- Actualizaciones graduales según la variación salarial de los trabajadores e ingresos familiares.
- Una tarifa social mínima de 300 KW mensuales y un régimen que exima a usuarios electro-dependientes.
- Régimen atenuado de reajustes tarifarios a pequeñas empresas y comercios, en defensa del trabajo y el consumo.
- Tarifa diferencial a los centros educativos, salas de salud, centros de jubilados, clubes e instituciones sin fines de lucro.
- Exceptuar del aumento tarifario al alumbrado público municipal.
La iniciativa surgió del Concejo Deliberante, al haber aprobado en forma unánime un proyecto de resolución -presentado por el edil del Frente para la Victoria, Jorge Favre-, manifestando la preocupación por el inminente impacto económico negativo a corto plazo de la medida dispuesta desde el gobierno nacional. Una vez reunida cierta cantidad de adhesiones en la nota, será elevada a las autoridades competentes solicitando una tarifa diferenciada para Entre Ríos, por ser una provincia generadora de energía eléctrica y sufrir distintos perjuicios como consecuencia.
