Dijo Goyeneche que el jury se ha convertido en “una vergüenza institucional” en la Provincia por cuanto se avanzó sin tener en cuenta ninguna de las observaciones hechas por la defensa en cuanto a la inobservancia de reglas procesales.
Señaló Goyeneche que el jury se convirtió en una “interferencia para la independencia del Ministerio Público Fiscal para desarrollar sus investigaciones sobre los hechos de corrupción”. Al respecto, subrayo: “Por eso decimos que en este jury se van a probar otras cosas, no se va a probar ningún incumplimiento de esta parte”, y luego reprochó la decisión de “la mayoría del Jurado de Enjuiciamiento, que dejó a este jury en el ostracismo”, al permitir que sólo haya transmisión a través del canal de YouTube del Poder Judicial de los alegatos de apertura y de clausura, pero no del resto de las audiencias.
Reiteró Goyeneche sus cuestionamientos a la integración del Jurado de Enjuiciamiento, y señaló la situación de los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Martín Carbonell y Juan Ramón Smaldone, y la “designación irregular” de la vocal Gisela Nerea Schumacher. “Esta situación de desvío de poder se ha concretado en esta causa con un único objetivo, el de favorecer la impunidad. El objetivo último de este jury, y esto va a quedar demostrado en este proceso, es la interferencia de un modo grosero, brutal, grotesco sobre la independencia del Ministerio Público Fiscal. Se apunta a obstaculizar las investigaciones por corrupción”.
En el amplio salón de audiencias del STJ, donde se desarrolla el jury, Goyeneche habló ante el Jurado de Enjuiciamiento, que preside Verónica Mulone, en representación del Colegio de la Abogacía, y completan los vocales del STJ Gisela Schumacher, Daniel Carubia y Juan Ramón Smaldone, el senador Armando Luis Gay y el diputado Gustavo Zavallo, y el abogado Gonzalo García Garro, por el Colegio de la Abogacía, y planteó que el jury es la culminación de una serie de maniobras que se dispararon conforme se abrió la investigación de la causa de los contratos truchos en la Legislatura, que arrancó el 20 de septiembre de 2018.
Mencionó un hecho, que ocurrió el 5 de octubre de 2018, cuando en una entrevista radial el abogado Miguel Cullen, hoy defensor del exgoberandor Sergio Urribarri, “llamó a los legisladores a rebelarse contra la investigación de los contratos truchos, que consideró una interferencia entre poderes y que era hora de actuaran. Mencionó también que había en ciernes pedidos de jury para los investigadores de la causa contratos, e hizo amenaza de un escándalo posible”.
Luego, recordó, surgió el pedido de jury al Procurador General de la Provincia, Jorge García, “que, como vemos en la remisión a juicio de la causa contratos, era parte de la trama de encubrimiento” por cuanto “los propios acusados, cuando le secuestran celulares, se lamentan de que se había archivado el jury al Procurador y dan cuenta de que esa situación había sido orquestada por esta organización delictiva”. Ese primer pedido de jury lo formuló el abogado Carlos Reggiardo, el mismo que motorizó el proceso al que ahora está sometida Goyeneche. En 2019 fue descartado por el Jurado de Enjuiciamiento.
“Vamos a demostrar las falsedades que se me han atribuido”, dijo en el arranque la suspendida Procuradora Adjunta. Al respecto, planteó que, si el proceso en su contra se tratara de un hecho jurídico, “no estaríamos sentados acá. Así que me toca realizar otro alegato de apertura. No ya solo con perspectiva jurídica, sino con lo que es realmente este juicio. Lo que hizo mi defensor es el alegato de apertura del juicio que debería ser. Digo que no estaríamos sentados acá porque no hay causa, no hay motivo, porque no hay incumplimiento a norma alguna. No hay desviación de poder, no hay favorecimiento a ninguna persona. El único motivo por el que estamos sentados acá es la existencia de una megacausa de corrupción como no había otra antes, con una enorme cantidad de prueba, una causa que no la investigó ningún fiscal ad hoc, ni la ciudadanía, la investigó el Ministerio Público Fiscal. Eso motivó que estemos aquí porque cumplimos con nuestra función”, en clara referencia a la causa de los contratos truchos.
Destacó que las denuncias de jury ocurren “como reacción” de la remisión a juicio de la causa de los contratos truchos en la Legislatura, el 31 de mayo de 2021. Fustigó también la intervención de algunos integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, a los que tildó de “parciales”, en particular al vocal de la Sala Penal Daniel Carubia, a quien acusó de “favorecer” a los imputados en la causa contratos truchos. “Tenemos temores fundados de la parcialidad de algunos de los jurados que encabezan este juicio”, subrayó. En esa situación también ubicó al vocal Juan Ramón Smaldone, a quien recusó por haber actuado en el amparo presentado por Goyeneche, y también interviene en el jury. Respecto de la vocal Gisela Schumacher el cuestionamiento fue por haber “sorteado una silla vacía”, por cuanto se puso a votación quién integraría por el STJ el Jurado de Enjuiciamiento antes de que la magistrada asumiera en el alto cuerpo.
Dijo también que el Jurado de Enjuiciamiento “ha decidido incumplir las reglas” lo que ha derivado “en este gran papelón nacional”, y las críticas alcanzaron al acusador, Gastón Justet, quien, dijo, acusó “con prueba ilegal”. A ese respecto, dijo: “Dispusieron abrirme un jury para averiguar la relación de amistad de mi esposo (el contador Sebastián Orlando Bertozzi) con uno de los imputados (Pedro Opromolla). Luego, en la ampliación de la acusación del fiscal, ya no habla de la relación de amistad de mi esposo con el imputado, sino de mi relación de amistad con el imputado. Hoy dice que yo reconocí la existencia de esa relación de amistad. Para quedé claro, yo nunca tuve relación de amistad con Opromolla. El fiscal deberá demostrar lo que ha afirmado”.
“La verdad que todo este proceso es una situación triste. Para mí este momento es interesante. Lo que se va a probar no es que yo favorecí a alguien en la causa de los contratos. Lo que sí se va a probar es que se utilizó este proceso como acto de interferencia porque investigamos la corrupción. Así de simple”, planteó Goyeneche.
El fiscal y la defensa
En la apertura del alegato acusatorio, el fiscal ad hoc Gastón Justet dejó en claro “que mi labor y mi designación como fiscal ad hoc y en el desarrollo que hice de la acusación no he sido objeto de ningún tipo de cuestionamiento por parte de ningún órgano judicial, más allá de los cuestionamientos de la defensa, en el periodismo y desde distintos ámbitos”.“Este es un proceso político, no sancionatorio, donde se analiza la responsabilidad política del funcionario en cuanto a su obrar, cumpliendo con las reglas del debido proceso”, sostuvo Justet. Acto seguido, aceptó que el proceso de jury “se da en un marco particular, en cuanto a que el acusado reviste la calidad de fiscal adjunto de la provincia de Entre Ríos, un hecho inédito” y además es “fiscal anticorrupción y se da en el marco de la coordinación de la investigación” de la causa de los contratos truchos.
En su breve introducción, el fiscal dijo que se intentará probar el mal desempeño de Goyeneche, y que será el Jurado de Enjuiciamiento el que decidirá su remoción o no.
“Quiero dejar aclarado que en el contexto de este proceso se juzga no solo la conducta sino también las normas éticas, morales y de decoro que deben llevar adelante los funcionarios judiciales, no solo los magistrados, sino quienes representan los intereses generales, como los fiscales”, agregó.
Leopoldo Lambruschini, que ejerce la defensa de Goyeneche junto a Enrique Máximo Pita, hizo un señalamiento de las irregularidades del proceso de jury, y señaló que “hemos planteado que este tribunal se encuentra llamado a resolver solo sobre estas cuestiones que forman parte del objeto procesal; cualquier resolución que haya por fuera de esto, es vulneración del principio de congruencia que necesariamente debe existir”.
“Es por todos conocido que el acusado no se ha sentido limitado, en tanto ha resuelto de modo autónomo y sin facultades apartarse del objeto procesal fijado en el auto de apertura o formación de causa, ampliándolo a nuevos hechos, lo que motivó planteos de nulidad por este punto en particular, sin perjuicio que lo fuera por otras cuestiones. De modo sorprendente, a nuestro criterio, el Jurado resolvió diferir este planteo para resolverlo al momento de la sentencia. Eso lo es en violación al artículo 24 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento, y del Código Procesal Penal, que imponen la definición previa del hecho”, observó Lambruschini.
“Esta circunstancia no solo agrava la situación de indefensión de nuestra asistida. El escrito de la acusación además de ampliar el objeto, se encuentra indefinido, al igual que la acusación en este debate”, sostuvo. “Vamos a tratar de defendernos en la medida que sea posible dado los graves defectos procedimentales que venimos poniendo de resalto hace tiempo”, completó.
