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Tras la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción, el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos – Paraná) explicó que la situación se inició “por la preocupación de los adjudicatarios por el desdoblamiento de las cuotas y el costo de las viviendas, además de que comenzaron a notar serias deficiencias en la construcción”. Ante ello, mencionó que “existen algunas observaciones del Tribunal de Cuentas respecto a la construcción porque la licitación se hizo para construir con la forma tradicional, con ladrillo, pero las empresas propusieron hacerlo con un sistema relativamente nuevo en Argentina”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Kisser sostuvo que la situación con las viviendas comenzó “cuando muchos de los adjudicatarios de las viviendas empezaron a verme como legislador preocupado por el desdoblamiento de las cuotas y el costo de las viviendas, además de que comenzaron a notar serias deficiencias en la construcción”.

Explicitó que “esto fue en junio o julio aproximadamente, después que se entregaron las primeras viviendas en Colonia Avellaneda, por lo que me tomé un tiempo para investigar y pedí informes al Tribunal de Cuentas donde me advertían algunas observaciones que el organismo realizó respecto a la construcción porque la licitación se hizo para construir con la forma tradicional, con ladrillo, pero las empresas propusieron hacerlo con un sistema relativamente nuevo en Argentina, que se usa en otros países pero no se sabe si en Entre Ríos dará resultado porque es una zona muy húmeda y con mucha lluvia”.

Sobre el particular, especificó que “las viviendas tienen una base de hormigón muy firme y resistente a los movimientos y un techo de cierto peso, de loza más teja, porque la estructura es muy liviana a base de aluminio, algo de acero y telgopor, además es todo un sistema muy particular, no se puede poner clavos y demás cuestiones a punto tal que el Tribunal de Cuentas le ordena a la empresa que haga un manual de manejo de la pared”.

De todos modos, aclaró que “el problema más grave es el tema de las cuotas, donde hoy se está pagando una parte a la Mutual y otra parte al IAPV” y criticó que “ni el tribunal de Cuentas ni el IAPV saben nada de la participación de la Mutual, pero cuando inauguraron las viviendas está presente la Mutual”.

Ante esto, indicó que “en los pliegos de las viviendas que se entregaron en San Benito hay una condición” y agregó que “esto viene armado desde Buenos Aires para hacer las 800 viviendas en Paraná, pero como no había terrenos suficientes por eso se amplió al área Paraná para llegar a San Benito y Colonia Avellaneda”.

“La condición del pliego es que las empresas deben proveer y dar en donación al IAPV los terrenos donde se edifican los planes de viviendas y el único derecho que tiene la empresa es cobrarle al adjudicatario el costo del terreno, pero al costo que ellos pagaron, mientras que estos pillos lo que hacen, porque son unos bandidos, es un pingüe negocio: buscan a la Mutual Modelo haciéndola aparecer como la loteadora y ofrecen en venta con adjudicación de la casa asegurada a razón de 120.000 pesos el lote”, describió.

“Entonces lo que pasa hoy es que esta gente está pagando 5.000 pesos a la Mutual por el terreno y otros 5.000 pesos al IAPV que no pueden pagar porque tienen sueldos que rondan entre los 15.000 y 20.000 pesos”, advirtió.

Mencionó que en este contexto “nadie mira la ley, que creó el Instituto de Planeamiento y Vivienda, es decir que primero se debe hacer planificación lo cual significa que antes de construir una casa no solamente se debe llevar agua, cloaca, luz, sino que se necesita una urbanización: ver como se moverá el transporte, como se atenderá la salud más cuando son barrios populosos, cómo será la atención de la seguridad”.

Consultado por las respuestas del titular del IAPV, Marcelo Casaretto, reveló: “Le dije en diciembre a Casaretto que el IAPV no puede ser como el hornero que donde encuentra una horqueta hace una casa”. “Acá hay un problema de urbanización, pero lo peor es que el IAPV le permitió a la Mutual Modelo –que es del empresario Marizza, dueño de la empresa constructora- que se meta en este negociado y que se está quedando con un pingüe negocio de mínimo 80 millones de pesos”.

“Según los pliegos la urbanización está dentro del costo de las viviendas. Acá ninguno se puede hacer el distraído, ni Casaretto, ni los anteriores ni nadie. A esto lo sabían y deben tener una responsabilidad activa, presente en el lugar donde se está construyendo”, afirmó. Cuestionó que “Casaretto me dijo en la cara que los que no puedan pagar, que devuelvan las casas”.

Ante la situación, el legislador confirmó la presentación de la denuncia ante la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, “para que disponga una investigación”. “Le sugerimos una cantidad de medidas de prueba, le pedimos la intervención de peritos de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional del Litoral sobre la calidad de las viviendas, si se respetaron las normas técnicas estipuladas para el sistema Casa Forma, porque acá habrá en poco tiempo problemas con el servicio de agua y la gran esperanza de tener la casa propia va a ser una pesadilla en muy poco tiempo”, alertó.
Fuente: Análisis Digital

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