Según el organismo, este mecanismo resultó «distorsivo» y no correspondía aplicarlo. La Ley de Incompatibilidades sólo les permitía reingresar a la actividad siendo jubilados, pero no que su haber jubilatorio se actualizara.
A través de la resolución N° 52, fechada el 7 de mayo último, la Caja dispuso «con carácter de interpretación general, a partir de la fecha de la presente, que se adopte como criterio genérico para los docentes que en caso de reingreso a la actividad en el ámbito universitario y/o terciario de nivel superior no corresponde el reajuste de haberes previsionales por parte de esta Caja de Jubilaciones y Pensiones». Y aclaró que la Ley de Incompatibilidades N° 8.907 «sólo establece un régimen de incompatibilidades para el reingreso en actividad de los docentes universitarios y/o de nivel terciario superior, pero de ninguna manera para el reajuste de los haberes previsionales».
El organismo previsional que conduce Edgardo Scarione admitió la existencia de «precedentes administrativos de esta Caja de Jubilaciones y Pensiones que deben ser modificadas por ser claramente distorsivos y no estar basadas en la legislación vigente, sólo en expresiones voluntaristas que no se corresponden con la debida aplicatoriedad de las normas y determinan reajustes salariales sin fundamentación legal». Y destaca que «se advierte claramente (que) la Ley N° 8.907 sólo habilita el reingreso a la docencia universitaria y/o de nivel terciario superior, pero de ninguna manera permite el reajuste de los haberes jubilatorios».
La peculiaridad que se detectó es que en «innumerables reajustes previsionales» se observó que el docente beneficiado había aportado a otro régimen previsional diferente al de Entre Ríos, pero el «reajuste» es pagado por la Caja, «lo que origina un desvío permanente de fondos sin justificación legal, sólo con interpretaciones antojadizas que erosionan el tejido normativo previsional y producen un perjuicio en la administración de los recursos de los pasivos provinciales».
Uno de los antecedentes que sustentó el pago de esos incrementos «distorsivos» de la jubilación es la resolución N° 2.116, dictada en 2012 por la Caja, y que benefició a un expresidente del organismo durante la gobernación de Mario Moine, Juan Carlos Reffino. Esa resolución dispuso «hacer lugar al pedido de reajuste del haber previsional deducido por el Sr. Juan Carlos Reffino Castagno, tomando el promedio de los últimos 120 meses anteriores al cese en el cargo nacional y, por su artículo 2°, se dejó expresamente establecido que el criterio adoptado en dicho caso deberá aplicarse en todos los casos similares»
La resolución que emitió la Caja el 7 del actual señala que la resolución que benefició a Reffino y otras dictadas con igual criterio «son claramente distorsivos del Régimen Previsional Provincial, haciendo que beneficios que aportan en otro Organismo de Previsión, sean asumidos como propios por nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones». Y considera que se trata de mecanismos «vulneratorios de la correcta administración de los fondos de los Jubilados y Pensionados Provinciales».
