En efecto, el abogado explicó que de ningún modo existe una medida definitoria, sino que se trata solo de un pedido que deberá ser evaluado por el juez de garantía a cargo, para lo cual se llevan adelante diversas acciones procesales, entre las cuales se encuentra la respuesta de la defensa propiamente dicha.
"Constituye un acto más del proceso que informa la voluntad de los fiscales de promover la acción penal provisoriamente", manifestó Barrandeguy. "La elevación es un decreto judicial", indicó; es decir, es una decisión del juez.
En este sentido, Barrandeguy dijo que no existe responsabilidad penal por lo que solicitarán el sobreseimiento del ex mandatario, no sin antes insistir con el planteo que vienen sosteniendo respecto de que los fiscales no han contemplado el desempeño de los organismos de control en cada uno de los expedientes cuestionados.
"Es un error serio obviar la intervención de esos organismos en la medida en que hacen al funcionamiento mismo del Estado, y por ello están conformados por profesionales especializados, con estabilidad política, autonomía funcional y competencias específicas para expedirse sobre la legalidad de los actos de gobierno", referenció.
En ese marco existen controles tanto previos como posteriores que son ejercidos por la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería de la Provincia, el Tribunal de Cuentas, el Poder Legislativo y la Fiscalía de Estado. "La aprobación del gasto público otorgada por estos órganos exime a cualquier funcionario de toda responsabilidad no solo administrativa e institucional, sino también penal", sostuvo.
Barrandeguy también objetó las acusaciones planteadas por los fiscales en tanto las mismas se apoyan en la figura de una supuesta sustracción, y lo cierto es que "no es posible sustraer dinero de una partida presupuestaria", puesto que sólo es "una autorización para gastar" fondos públicos.
