Según el organismo de control, entre el 26 de abril y el 30 de junio pasados recibió 119 declaraciones juradas más. Así lo reveló en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por El Entrerios.
La petición, efectuada según el procedimiento previsto por el Anexo I del decreto 1.169/05 GOB - que reglamenta el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo-, generó el expediente 1.859.335 y motivó la confección de una planilla con la actualización del Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales. Según lo establece la Ley 3.886, vigente desde 1953, los funcionarios públicos provinciales disponen de 60 días hábiles desde la asunción de sus cargos para presentar su declaración jurada patrimonial ante la Contaduría General. Y de acuerdo con el anterior relevamiento, que el organismo hizo público ante una solicitud del portal accesolibre.org, hasta el 26 de abril pasado la lista de incumplidores tenía 367 integrantes.
De la actualización de la base de datos se desprende que hubo 45 miembros de la Policía que acudieron a la Contaduría para regularizar su situación. En el listado figura nada menos que el comisario general Gustavo Maslein, aunque lo que hizo fue actualizar su declaración jurada patrimonial.
El jefe de Policía se presentó el 24 de mayo pasado, cuando se le extendió el recibo oficial 377, según consta en el folio 4 de la planilla que la Contaduría General entregó como respuesta al pedido de información hecho por este portal.
Maslein ya había informado en otras dos ocasiones sobre su patrimonio y por eso se le extendieron los recibos oficiales 1.124 y 2.103, respectivamente. Algo semejante sucedió con su antecesor, Roberto Massuh: al actual secretario de Seguridad se le entregó el 30 de mayo pasado el recibo oficial 3.779 pero ya había presentado su declaración jurada en otras dos oportunidades.
Si bien la Contaduría General no indicó las fechas de sus anteriores presentaciones, en cambio reveló que le extendió los recibos oficiales 1.194 y 2020 como testimonio de cada una de sus declaraciones juradas patrimoniales.
Uno de los que acudió a la Contaduría General para cumplir con lo establecido por la Ley 3.886 fue Juan Domingo Orabona. Al presidente del Instituto Autárquico del Seguro (IAPS) le entregaron el recibo oficial 3.782 el 2 de junio último.
También cumplieron con el trámite de rigor, entre otros, la secretaria de Ambiente, Belén Estévez; el administrador de la Zona Franca de Concepción del Uruguay, Jorge Gay; y el fiscal de Estado adjunto, Pablo Giannini Álvarez. Como prueba de eso la Contaduría General les extendió los recibos oficiales 3.801, 3.727 y 3.739, respectivamente.
Otro de los que pasó por la Contaduría General fue el intendente de Paraná, Sergio Varisco, que junto a los miembros de su gabinete figura en el universo de autoridades obligadas a informar sobre sus patrimonios. El 26 de mayo último se le entregó a Varisco el recibo oficial 3.777, pero otros 13 funcionarios de su gestión siguen figurando como incumplidores de la Ley 3.886.
El listado incluye a Rubén Amaya, Estela Boeykens, Eduardo Campdesuñe, Candela Carminio, José Escobar, Ricardo Frank, Francisco Mathieu, Marcelo Quiroga, Cristina Ruberto, Ana Sione, Eduardo Solari y Magda Mastaglia. En su descargo, desde la Secretaría de Comunicación Ciudadana se informó que los colaboradores de Varisco presentaron sus declaraciones juradas ante la Escribanía Municipal.
Para la Contaduría General la nómina de incumplidores también la integran el presidente del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer), José Bechara y María Gabriela Vergara, miembro del directorio de la tarjeta de crédito estatal.
En idéntica condición figuran dos integrantes de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), Maximiliano Barreto y Nadia Ocampo, y otros tantos miembros de la Comisión Administradora de los Fondos Especiales de Salto Grande (CAFESG), Alejandro Casañas y Diego Lascurain.
En el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), quienes no presentaron su declaración jurada patrimonial fueron el presidente Isaías Fernando Cañete y los directores Adrián Gómez, Felipe Monzón, Marcelo Pagani y Ricardo Bertonchini. Y tampoco lo hizo el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Juan Carlos Lallana.
Idéntica conducta tuvo el presidente de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), Alfredo Muzachiodi, al igual que otros ocho miembros del directorio: Sergio Menéndez, Marcelo Agolti, Guillermo Gianello, Carlos Keiner, Omar Minigutti, Omar Ramos, Carlos Rocha y Carlos Rodríguez.
Otros de los incumplidores es el titular del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende, quien además patrocina al ex gobernador Sergio Urribarri en la causa iniciada por su presunto enriquecimiento ilícito, promovida por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Los que también presentaron su declaración jurada patrimonial fueron los senadores Nicolás Mattiauda (Cambiemos-Gualeguaychú) y Daniel Olano (Frente para la Victoria-Islas del Ibicuy), a quienes la Contaduría General entregó los recibos oficiales 3.808 y 3.802, respectivamente.
Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Ángel Giano, actualizó su declaración jurada el 27 de abril pasado, conforme lo acreditó el recibo oficial 3.699. Y quien también acudió ante la Contaduría General fue el prosecretario del bloque del FPV; Juan Manuel Vidal, a quien el 29 de junio se le extendió el recibo oficial 3.807. En cambio, quienes siguen figurando como incumplidores de la Ley 3.886 son los senadores Omar Viano (FPV-Feliciano) y Nancy Miranda (FPV-Federal). A pesar de tiempo transcurrido ninguno acudió a la Contaduría General para presentar su declaración jurada patrimonial.
En tanto, los diputados Joaquín Lamadrid (Cambiemos) y Alejandro Bahler (Frente Renovador) regularizaron su situación y abandonaron la lista de incumplidores. Uno lo hizo el 23 de junio (recibo oficial 3.803) y el otro el 29 de abril (recibo oficial 3.706).
Varios legisladores siguen informando sobre la conformación de sus patrimonios a la Contaduría General pese a que la Cámara de Diputados cuenta con un Registro de Declaraciones Juradas. Aunque obtener información de ese organismo no es tan fácil como parece. Y así como hubo diputados que cumplieron con la Ley 3.886, otros no lo hicieron. En ese grupo figuran Leticia Angerosa, Martín Angiano, Miriam Lambert, Esteban Vitor y María Alejandra Viola.
