Todas estas propuestas formaron parte de la plataforma electoral de Rogelio Frigerio en la campaña para acceder a la gobernación. La intención es analizar los antecedentes que existen sobre cada materia, algunos de los cuales fueron promovidos por legisladores de “Juntos por Entre Ríos” cuando eran oposición.
Esta semana, se reunirán el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño; el secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Esteban Vitor; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello. A ellos se sumará un representante del Senado.
Gabriela Lena y un grupo de diputados provinciales del oficialismo presentaron en la Cámara baja una iniciativa propia, ante lo cual desde el Ejecutivo aclararon que se trata de un proyecto presentado “a manera individual” por la legisladora.
El texto de Lena establece la inhabilitación transitoria o permanente “a aquellos ciudadanos del territorio de la Provincia de Entre Ríos que tengan antecedentes penales o condena por instancia superior aún cuando ésta no se encuentre firme y pretendan la postulación a cargos públicos o soliciten ejercer cargos partidarios, gremiales, de instituciones gubernamentales, colegios de profesionales, asociaciones o procuren designación de funcionario en el Estado”.
“Los partidos políticos, gremios, instituciones gubernamentales, colegios de profesionales, asociaciones, no podrán registrar postulantes a cargos electivos sin acompañar por ante la autoridad que rija la elección, el Certificado de Antecedentes Penales de cada candidato”, añade. La iniciativa no distingue entre cargos electivos provinciales y nacionales, regulados por la ley federal y por fuera de la jurisdicción provincial. También pone condiciones a las entidades sindicales y profesionales, también regulados por legislación nacional.
La inhabilitación transitoria correría para quienes “se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Reincidencia y aquellos ciudadanos que se encuentren condenados penalmente o privados de libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”.
La permanente será para “las personas que se encuentren con antecedentes penales o una condena en instancia superior aun cuando ésta no esté firme y pretendan la postulación a cargos públicos”.
