“Resulta positivo e indispensable que se promulgue la ley de lo que consideramos un recurso legítimo del sector audiovisual”, manifestaron. “Pero es imperiosamente necesario que en dicho proyecto se incorpore un artículo en donde se especifique que el 50% de dicho impuesto se destinará directamente al fomento audiovisual mientras dure la emergencia y al terminar dicha crisis corresponderá el 100% al fomento del sector audiovisual entrerriano de la mano de la nueva ley de fomento audiovisual”, agregaron.
Cabe recordar que, de aprobarse, la medida alcanzará a aquellos que se transmitan desde internet a televisión, computadoras, dispositivos móviles, consolas conectadas y/o plataformas tecnológicas por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, y se verifique la utilización o consumo de tales actividades por sujetos radicados, domiciliados o ubicados en territorio provincial.
Un reclamo histórico
“Dicho impuesto es un reclamo histórico de nuestro sector, que en la mayoría de los países del mundo se aplica al fomento del propio audiovisual por el nexo directo con la actividad”, indicaron. Y sostuvieron: “Dejamos expresa la necesidad de su implementación en el proyecto de Ley al Fomento Audiovisual Entrerriano que presentamos junto a autoridades provinciales en el marco del FICER del año pasado”. “Es innegable la importancia del desarrollo de contenidos audiovisuales y el impacto que esta industria genera tanto en términos económicos, puestos de trabajo y redistribución de los fondos que se invierten, pero sobre todo del valor cultural que debe protegerse e impulsar, más aún en épocas en donde el consumo de contenidos audiovisuales son el sostén en tiempos de cuarentena. Esta incipiente industria de plataformas digitales invita a los Estados a redefinir el campo del derecho en sus términos de competencia, jurisdicción y principalmente el rol que van a ocupar con el fin de garantizar el fomento y la producción de contenidos locales que aseguren la soberanía audiovisual”.
Finalmente, manifestaron que “entendemos que permitir que empresas extranjeras presten servicios digitales en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, implica también una responsabilidad y una obligación sobre las políticas audiovisuales a tomar por nuestros representantes”.
