El tribunal rechazó la impugnación contra Goldin que había sido interpuesta por dos ciudadanos, invocando para fundamentar su petición que el intendente “ha sido considerado responsable de violencia laboral en contexto de género, en una causa con sentencia de ambas instancias”. Adujeron también que Goldin “fue imputado en otra causa por desobediencia judicial y que fue denunciado por persecución política e ideológica por una mujer”.
Tanto el apoderado de Más por Entre Ríos, Rubén Cabrera, como el propio Goldin, descalificaron la impugnación, a la que consideraron una copia textual de la ya formulada antes por la apoderada la lista opositora de Llados, oportunamente rechazada. Explicaron asimismo que la lista “ya fue proclamada y han fenecido todos los plazos que estuvieron disponibles” para impugnarla. Y, por último, el principal argumento defensivo al que apelaron es que “no existe, norma alguna electoral vigente que lo inhabilite para postulase a un cargo público electivo por las alegaciones y/ o documental que aluden los impugnantes.”
Más allá de las razones de las partes, el tribunal entendió que “ante la ausencia de disposición expresa no corresponde inhabilitar. Sencillamente porque –en el caso de hacerlo- se estaría legislando indebidamente, y no para ampliar derechos, sino para restringir el ejercicio de derechos políticos y de participación ciudadana. Si bien estos, como todos los derechos no son absolutos, “su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones”.
