Acceso a la información pública
El caso se enmarca en una causa por acceso a la información pública, luego de que la Intendencia de Paysandú se negara a brindar la información solicitada por el mecanismo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (18.381).Una de las preguntas que la comuna se niega a responder, aludiendo a que la información ya está disponible públicamente, es si existen funcionarios municipales a cargo de empleados de la fundación A Ganar, que tiene unas 426 personas trabajando en la intendencia.
También están pendientes varias preguntas respecto de las contrataciones en el vertedero municipal, en particular, en lo que refiere a una compra directa de maquinaria por 550.000 dólares y la contratación, luego de una iniciativa privada de la empresa Saldeco, para construir un galpón en el vertedero, por unos 400.000 dólares.
En ese caso, los demandantes quieren saber quiénes se presentaron a la licitación y qué ofertas hicieron. Además, se pidió información sobre el proceso licitatorio de la construcción de un hogar estudiantil, que habría salido 6.000.000 de dólares.
Revisada y confirmada
La sentencia de primera instancia fue apelada por el gobierno departamental y, tras revisar la causa, el tribunal confirmó la condena, salvo por dos preguntas que consideró respondidas por la intendencia.Sin embargo, la intendencia no respondió las preguntas de los demandantes, por lo que la jueza, una vez vencido el plazo para el cumplimiento de la sentencia, dispuso la sanción económica.
