Las solicitudes de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberri se basan en que ninguno de los ocho imputados pueda acercarse a los contratados que están siendo investigados.
En los argumentos, los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron que las responsabilidades de los acusados difieren, en principio, de aquellos que están bajo arresto preventivo. "Dentro de lo que es la hipótesis de una organización delictiva, estos aparecen en un papel mucho menos relevante que las personas que se hallan privadas de su libertad", señaló Aramberri.
La restricción será por 90 días y no podrán acercarse a los contratados, modificar su domicilio y/o salir del país sin previo aviso a la fiscalía. Además, deberán estar siempre a disposición del requerimiento fiscal ante nuevas medidas de prueba, como la que se concretará la semana próxima, ya que los ocho imputados deberán aportar para un cuerpo de escritura que consta en el expediente.
Las defensas a cargo de Miguel Cullen y José Velázquez estuvieron de acuerdo con lo resuelto.
