La situación fue anticipada por ElEntreRíos el 18 de mayo pasado y confirmada entonces por el Superior Tribunal del Justicia (STJ). Pero en aquella oportunidad el alto cuerpo omitió mencionar cuánto dinero abonó durante el lapso en que dispuso de la propiedad y qué cifra tenía previsto pagar tras 36 meses de usufructo. Para el primer año el canon acordado fue de 12.000 pesos mensuales, por lo que la Justicia desembolsó 96.000 pesos sin sacar provecho de la propiedad. Para el segundo año las partes habían estipulado 14.400 pesos mensuales por el alquiler, mientras que para la temporada final coincidieron en el pago de 16.500 pesos cada 30 días.
El STJ, que recibió dictámenes favorables para sellar el acuerdo por parte de la Comisión de Locaciones y de la Contaduría General, pensaba destinar 514.800 pesos para cumplir con el convenio suscripto entre la camarista Patricia Pérez, quien intervino en representación del Poder Judicial, y el vecino Rodolfo Chico, propietario del inmueble.
Los detalles quedaron asentados en una resolución emitida por el STJ el 11 de septiembre de 2013 y que puso fin al Expediente 30.905, caratulado "Cámara de Casación Penal Concordia-s/alquiler". La medida fue avalada por tres vocales del STJ: Leonor Pañeda, Daniel Carubia y Bernardo Salduna.
La letra chica
Para poder conocer lo sucedido se formuló un pedido de acceso a la información pública. La petición fue presentada el 14 de agosto pasado por la Mesa de Entradas del Área de Asuntos Administrativos del Poder Judicial de Entre Ríos. Fue con la intención de "obtener acceso y copia de la resolución a través de la cual el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos convalidó el contrato de locación de un inmueble ubicado en calle San Luis 808, de la ciudad de Concordia, para que funcionase allí una Sala de la Cámara de Casación Penal". A través del escrito, dirigido a la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, se solicitó conocer "cuánto dinero se abonó en concepto de alquileres, qué suma se destinó para rescindir el contrato y mediante qué resolución se dispuso concluir la locación". El tema fue incluido para su tratamiento en el Acuerdo General Nº 23/17, celebrado el 23 de agosto último.
Durante el plenario los vocales del STJ recordaron que el contrato fue aprobado mediante resolución del Tribunal de Superintendencia del 11 de septiembre de 2013 y que durante el Acuerdo General Nº 4/14, celebrado el 7 de marzo de 2014, se "decidió suspender hasta nueva disposición la puesta en funcionamiento de la Sala con asiento en Concordia de la Cámara de Casación Penal".
Desde el alto cuerpo también se indicó que "por resolución del Tribunal de Superintendencia Nº 333, del 11 de julio de 2014, se rescindió el contrato de locación sin pago de indemnización alguna conforme lo oportunamente pactado". Según lo acordado entre las partes, el STJ podía devolver inmueble "antes del vencimiento pactado -si así le conviniera- sin pago de indemnización alguna y con aviso previo de treinta días como mínimo".
La respuesta del STJ al pedido de acceso a la información pública se plasmó a través de una cédula fechada ayer y que un notificador entregó a las 10.35. A través de su último párrafo, la respuesta oficial detalló que los documentos invocados estaban disponibles en la página web del Poder Judicial. El alto cuerpo se tomó ocho días para plasmar en un par de carillas la contestación oficial. Tarea que delegó en el secretario Esteban Simón, quien terminó firmando la cédula de notificación.
