En la justicia federal avanza con escasa repercusión pública una investigación contra una funcionaria de la Dirección Nacional de Migraciones sospechada de aportar información clasificada a una banda de narcotraficantes que opera en distintas localidades entrerrianas y que, se sospecha, contrabandea estupefacientes a la República Oriental del Uruguay.
Hace algunas semanas, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná procesó a Andrea Soledad Penon, una funcionaria de la Dirección Nacional de Migraciones, por violación de secreto, es decir, por haber revelado un dato, noticia o comunicación que por ley debía permanecer bajo reserva, un delito que prevé penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Penon cumplía funciones como supervisora en el Puente Internacional José Gervasio Artigas, que une las localidades de Colón y Paysandú, y la sospecha es que el 6 de septiembre de 2014 le habría proporcionado datos reservados de una investigación en curso por delitos de narcotráfico a una de las personas sospechadas.
Esa persona es un taxista de la ciudad de Colón que, se presume, transportaba estupefacientes para la banda y sobre quien pesaba un alerta disparada ante su posible salida del país. Un papel con anotaciones de puño y letra de Penon tenía los datos de la carátula del expediente judicial y del número de contacto que figuraba en las pantallas del sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones.
Si bien a la funcionaria no se le atribuye de ningún modo formar parte de una organización dedicada al narcotráfico, el cargo le imponía un deber de confidencialidad, por lo tanto, la discusión es si la información que le habría brindado al taxista debía realmente permanecer secreta por ley. En su caso, había firmado un contrato de confidencialidad que establecía que no podría “comunicar a persona alguna, la información no publicada o de carácter confidencial de la que haya tenido conocimiento con motivo de la ejecución de las obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así lo requiera su cometido o que la contratante (Dirección Nacional de Migraciones) la hubiera autorizado expresamente para hacerlo”.
La funcionaria había sido sobreseída en 2015. En aquel momento, cuando declaró ante el juez, dijo que pudo habérsele caído el papel con las anotaciones en cuestión y su defensor sugirió que la funcionaria habría sido amenazada. Esa resolución fue apelada: el fiscal consideró que se trataba de “una versión ingenua de los hechos”. Luego un compañero de trabajo declaró en sede judicial que la propia la supervisora de la Dirección Nacional de Migraciones le confesó “que había sido ella, ‘que había metido la pata’ o que se había equivocado al darle la información al taxista, algo así”. En 2017, sin embargo, se le dictó una falta de mérito y luego nuevamente el sobreseimiento. Ahora la Cámara Federal de Apelaciones revocó ese estado y dictó el procesamiento
