El 3 de octubre de 2017, el Tribunal Oral de Concepción de Uruguay condenó al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez, el dueño del campo que contrató el servicio, José Mario Honecker, y al piloto César Martín Visconti, con un año y medio de prisión.
Al enterarse de que aquel fallo de 2017 había sido ratificado por la Cámara de Casación, la maestra Mariela Leiva, una de las afectadas por la fumigación e impulsora de la denuncia, dijo sentir una alegría "inexplicable" y adelantó que están esperando que les llegue el link con la información judicial.
El juicio comenzó a partir de la denuncia de la docente y desde la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que es encabezada por la filial Basavilbaso, seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). El tribunal que llevó adelante el juicio está formado por los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas.
Leiva fue una de las víctimas, junto a otros cinco niños, que acusaron vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas, y debieron ser atendidos en el Hospital Reverendo Padre Becher.
Durante el juicio, pasaron por los estrados judiciales una veintena de testigos o partícipes en aquel hecho. Expusieron también padres de los niños afectados, la doctora Elizabeth Tisocco, médica del nosocomio; vecinos de la zona, autoridades que acudieron ante la denuncia, el intendente Horacio Amavet, profesionales médicos que también trabajaron durante el proceso de investigación de la causa para su elevación a juicio, y profesionales agrónomos.
La sentencia puede sentar un precedente, al ser el primero en la provincia vinculado a la problemáticas de las escuelas fumigadas. Y más allá de cambios en normativas locales acerca de ampliación de las distancias límites para la aplicación cerca de zonas con población, todavía sigue sin definición una nueva ley en la Legislatura provincial. Pese a distintos proyectos presentados, la regulación de la aplicación de plaguicidas y su control, no ha podido prosperar, por lo que sigue vigente en territorio entrerriano una antigua ley (la N° 6.999).
En el marco del juicio, la Mesa de Enlace rural, integrada por Federación Agraria, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Sociedad Rural y Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), emitió un comunicado en el que transmitió su con preocupación, por la elevación a juicio de un productor agrícola, defendiendo una aplicación supuestamente realizada con control profesional y con receta agronómica, algo que fue descartado por la Fiscalía durante el desarrollo de la causa.
