En el contexto del megajuicio al actual embajador argentino ante Israel y Chipre, hoy diario “La Nación” hace referencias a lo que viene sucediendo en Entre Ríos y marca dos aspectos con contundencia: que el “oficialismo provincial ya intentó desplazar a los titulares del Ministerio Público Fiscla para asegurar la impunidad del exmandatario provincial”.
Y el segundo aspecto es el que refiere al rol de la Justicia: •Parte del Poder Judicial de Entre Ríos ha obstaculizado los reiterados intentos del oficialismo de asegurar la impunidad de Urribarri, un funcionario que nunca mostró las cualidades necesarias para desempeñar con dignidad el cargo que ocupara Justo José de Urquiza ni para asumir ninguna representación diplomática en el exterior”.
A continuación, El Entre Ríos reproduce la nota de opinión completa:
Cinco investigaciones integran el denominado “megajuicio” que involucra a encumbrados exfuncionarios de la provincia de Entre Ríos, encabezados por el exgobernador Sergio Urribarri, actual embajador en Israel y Chipre. El Ministerio Público de la provincia solicitó recientemente distintas penas para los 13 imputados, incluidos 12 años de prisión para Urribarri, además de su inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.
Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull desarrollaron el alegato acusatorio, que incluye a dos exministros de Urribarri: el que fuera titular de la cartera de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el de Turismo, Hugo Marsó. A ellos se agregan otros funcionarios, familiares y empresarios ligados al esquema de corrupción bajo la lupa.
Cabe recordar que, desde el oficialismo provincial, ya se intentó desplazar a los titulares del Ministerio Público Fiscal para asegurar la impunidad del exmandatario provincial y sus cómplices. Los hechos delictivos investigados afectaron en más de siete millones de dólares los fondos presupuestarios de Entre Ríos, desviados para gastos de campaña del por entonces gobernador. En la causa que involucra a Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, por el cobro indebido de sueldos de centenares de contratos “fantasmas” en la legislatura de la provincia, se estiman cifras superiores a los tres millones de dólares.
Burdos intentos de atropellar las instituciones merecieron la enérgica condena de asociaciones de fiscales y colegios de abogados
El pasado 7 de diciembre, en un editorial titulado Pesadilla entrerriana, nos referimos al intento de separar de su cargo a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche y al procurador Amílcar García, con la intención de reemplazarlos por un fiscal especial seleccionado entre los amigos del poder. Señalamos que el grotesco avasallamiento de la independencia de los fiscales de Entre Ríos buscaba favorecer la impunidad del poder político ante alevosos escándalos de corrupción.
Estos burdos intentos de atropellar las instituciones merecieron la enérgica condena de asociaciones de fiscales y colegios de abogados. Atacar a quienes investigan graves delitos y pretender así disimular el saqueo a los fondos públicos, inventando fantasiosas conspiraciones internacionales, resulta inadmisible.
Parte del Poder Judicial de Entre Ríos ha obstaculizado los reiterados intentos del oficialismo de asegurar la impunidad de Urribarri, un funcionario que nunca mostró las cualidades necesarias para desempeñar con dignidad el cargo que ocupara Justo José de Urquiza ni para asumir ninguna representación diplomática en el exterior. Es evidente que los partidos políticos deben hacerse cargo de su irresponsabilidad en los procesos de selección de candidatos que no reúnen ni las más elementales condiciones exigidas. Nos hemos cansado también de insistir en que el Poder Ejecutivo Nacional tiene que extremar los cuidados a la hora de designar embajadores políticos, para evitar el lastimoso desempeño que muchos de ellos exhiben.
Atacar a quienes investigan graves delitos y pretender disimular el saqueo de los fondos públicos resulta inadmisible
Si bien podemos decir que la provincia de Entre Ríos se diferencia de los regímenes patrimonialistas de provincias como Formosa o Santiago del Estero en las que el poder judicial es una simple extensión del arbitrio de los gobernadores, sin voluntad de poner coto a los atropellos institucionales ni a la corrupción provincial imperante, lo cierto es que nos encontramos ante graves hechos de corrupción.
Terminar con la cultura de la impunidad será clave para reducir los niveles de corrupción pública. Promover la independencia de la Justicia en todos sus estamentos es el mejor reaseguro para una sociedad cansada de tantos abusos.
