El documento que firmaron fiscales y algunos jueces -entre ellos, los integrantes de la Cámara de Casación Penal de Paraná- el viernes, al cabo de la Jornada Anual del Fuero Penal, convocada por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, que se desarrolló en el Hotel Sol, de la ciudad de Victoria, fue la piedra de toque que desató una dura polémica hacia el interior del Poder Judicial, y que derivó en una situación enojosa. El pronunciamiento, de fuerte tono condenatorio hacia la decisión de abrir un jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, fue difundido el fin de semana como resultado de una votación «unánime», aunque la propia Asociación de la Magistratura debió salir a aclarar que se trató de la opinión de una parte de los asistentes al encuentro. No parece un tema menor: esa «aclaración» desnudó una marcada interna, y puso blanco sobre negro respecto de las distintas miradas que hay en torno al caso Goyeneche.
Antes, el 25 de noviembre, un grupo de fiscales y algunos magistrados -otra vez, los integrantes de la Casación de Paraná- firmaron una petición dirigida a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y le reclamaron un pronunciamiento respecto de la denuncia formulada contra Goyeneche, y también contra el Procurador General, Jorge García.
En realidad, el posicionamiento en torno al caso Goyeneche abre una grieta entre los operadores judiciales. Hay quienes reprochan la defensa mediática que hizo la Procuradora Adjunta de la acusación que presentaron en su contra por supuesto mal desempeño en la causa de los contratos truchos los abogados Carlos Reggiardo, por un lado, y, después, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. «El lugar para ejercer la defensa es en el mismo jury. Todos los días llevamos a juicio a personas en los distintos tribunales, y es ése el ámbito en el que deben ejercer su defensa. También ocurre lo mismo con los funcionarios judiciales», dice un vocero de ese sector crítico.
La apertura de un jury por supuesto mal desempeño a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche por el Jurado de Enjuiciamiento -decisión que se tomó por 6 votos a 1-, la suspensión de la funcionaria durante el plazo que dure el proceso y la determinación de apartar a todo el Ministerio Público Fiscal como organismo acusador y citar fiscales «ad hoc» para que ejerzan esa función, constituyen el eje de aquel documento de fuerte tono crítico que se elaboró en la reunión de Victoria, y que produjo una diáspora.
«Esta grave situación, que devela una clara intención de disciplinar a los operadores judiciales, a jueces y fiscales, con el mensaje de que el poder político perseguirá y destituirá a quienes lo investiguen, a la vez que nombrará comisiones especiales para acusarlos buscando su destitución, nos pone en estado de alerta», señala el texto.
El documento, que no contó con apoyo unánime sino que dividió aguas entre los asistentes, no sólo cuestiona la decisión del Jurado de Enjuiciamiento, sino que afirma que, además de «asistir tristes y sorprendidos a un manejo grosero de publicidad de la sentencia antes de su dictado, que incumplió los deberes mínimos de deliberación secreta y responsabilidad funcional y legal que les cabía -arts. 20 y 21 de la ley 9283- en lo que aparece como un elemento más de disciplinamiento y presión, vemos que el insólito proceso, promovido por abogados interesados en el resultado de las causas de corrupción más importantes de la provincia, se da en un contexto de juicio e investigación de las mismas nunca antes visto».
La Asociación de la Magistratura tomó distancia de ese pronunciamiento, aunque lo hizo con cautela. Afirmó que “dicha manifestación no corresponde a la totalidad de los integrantes del fuero (penal), y ni siquiera a la totalidad de los asistentes de la mencionada jornada”. Fuentes de la entidad que nuclea a magistrados y funcionarios judiciales indicaron que cuando el encuentro realizado en Victoria dejó de abordar cuestiones técnicas para dedicarse a redactar un documento centrado en la situación generada a partir del pedido de jury a la Procuradora Adjunta «hubo asociados que se retiraron».
Incluso, hubo presentaciones ante la Asociación de la Magistratura de parte de asociados que mostraron su disconformidad en relación al tono que adquirió el encuentro de Victoria. Dos camaristas de la costa del Uruguay lo hicieron a través de una presentación formal en la que hicieron notar su «profundo disgusto con la situación vivida el 3 de diciembre en la ciudad de Victoria».
«Oportunamente fuimos convocados por nuestra Asociación para participar en la Jornadas Penales en esa ciudad conforme un temario respecto del cual remitimos algunas ideas sobre juicio por jurados», dice la nota, y agrega: «En esa senda viajamos para participar de las jornadas que entendimos que serían técnicas como siempre en aras de aprender y debatir cuestiones de interés jurídico».
Luego, los camaristas subrayan: «Tamaña fue nuestra sorpresa cuando de manera unilateral y sin ninguna consulta previa se dejaron de lado manu militari los puntos del temario, y todo se centró coactivamente en el tema de la independencia judicial. Ese abrupto cambio auspiciado por la Institución que integramos resulta a nuestro criterio violento e inadmisible, si se decidió por algún canal variar el sentido de las jornadas previstas, resulta básico y democrático que por lo menos se comunique al asociado para que decida si le interesa participar de cuestiones de índole institucional y no las previstas en las jornadas técnicas».
«Insólitamente nuestras jornadas se convirtieron en una asamblea, típica de otros ámbitos alejada de los objetivos de la Institución, que constituye una falta de respeto, un abuso y afecta nuestros derechos como asociados», cierra la presentación.
