Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
Un grupo de 130 productores rurales acordaron este miércoles en Crespo una tregua de 10 días con el Gobierno provincial, hasta que se pueda emitir un nuevo decreto en el marco del conflicto suscitado por el fallo que prohíbe las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales. De esta manera, el pedido de los ruralistas de base para que se tomen acciones gremiales –tales como cortes de ruta, convocar a la zona del túnel subfluvial o concentrar nuevamente en la Casa de Gobierno– quedó en suspenso.

Desde la Mesa de Enlace, integrada por la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina (FAA), se “llegó a un punto intermedio” hasta después de las elecciones generales del 9 de junio.
El nuevo decreto
El delegado de la Federación Agraria, Alfredo Bel, señaló que “el decreto tendría herramientas de fiscalización y mayor fundamentación, teniendo en cuenta que la deriva es el conflicto que tenemos en este momento. Participará la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el Conicet, el INTA y el Senasa”.

“También se acordó que se comience con un relevamiento de los productores afectados por los fallos con el fin de solicitar concretamente que se suspenda por parte del gobierno provincial el cobro de todo tipo de impuestos, Inmobiliario Rural, Ingresos Brutos”, agregó el comunicado aprobado por unanimidad.
Se lograron frenar las protestas
El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía, reconoció que los productores “atraviesan un momento muy complicado, dado que hay muchas familias que no saben qué hacer con su producción”, y sostuvo: “Después de un largo debate, donde tuvimos fuertes discusiones, se lograron frenar las protestas”.

“La nueva instancia –aseguró– implica la redacción de un nuevo decreto, donde el gobierno deberá hacer las cosas bien, se haga todo con fundamento científico y técnico, para que no tengamos que estar explicando algo que ya venimos explicando hace mucho tiempo. Estamos ejerciendo una actividad que es lícita, venimos trabajando con prácticas que respetan el medio ambiente, más aún con los niños , ya que son nuestros hijos los que van a la escuela. Nuestros niños están en esas escuelas. Queremos una ley que proteja a todos, y principalmente a la salud. Que sea una cuestión lógica, ni caprichosa ni fundamentalista”.

Por lo pronto, el decreto se estaría redactando entre la Fiscalía de Estado de la Provincia y organismos técnicos que buscarán aportar su conocimiento para corregir las cuestiones que sean necesarias. “Nosotros pedimos una reunión con el área que nos compete, que es la Secretaría de Producción, donde también participó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Con el gobernador no hemos hablado, ni hemos tenido ningún contacto. Lo único que estamos haciendo es traer un poco luz sobre este tema”, recordó el dirigente.
Fuente: Análisis Digital

Enviá tu comentario