“Está previsto que las 12 destinadas a las familias afectadas por inundaciones sean declaradas de interés prioritario y se puedan finalizar a través de la administración municipal, contratación de cooperativas de trabajo, convenios con organismos provinciales y quienes puedan proveer asistencia técnica o de materiales”.
El proyecto prohíbe el financiamiento externo para esta etapa, si supera el tiempo del actual mandato. “Podrían sacar un crédito pero siempre pagándolo dentro del plazo de vencimiento de su gestión”. Para el resto de las unidades habitacionales, “proponemos que se cree un Banco de Viviendas y venta directa, y que se autorice al Ejecutivo a venderlas en el estado que se encuentran”, dice Irigoy. A la vez, habría “autoconstrucción asistida por parte de los beneficiarios. Puede haber ayuda mutua o un convenio en el cual el municipio haga asistencia técnica, de personal o maquinaria”.
“También podría tomarse algún sector de viviendas y hacerlo por el régimen de iniciativa privada, en el que se recibirían ofertas para culminar la obra. O se podrían finalizar por consorcios y cooperativas de trabajo que se encargarían de la instalación de gas, aberturas y terminaciones”.
El proyecto determina, a su vez, quienes tendrían prioridad para la adjudicación. “Familias con déficit habitacional acreditado; familias con niños, adultos mayores o personas con discapacidad; trabajadores esenciales; madres o padres solteros o viudos con hijos a cargos”. Entre los requisitos, se contemplaría una residencia efectiva en la ciudad superior a 5 años. El valor de la cuota “tendrá que ser acorde a lo que perciban como sueldo”.
