“Debe ser combatido”
La jueza, que también preside la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, se reunió con el Pontífice tras la audiencia general de este miércoles y le entregó una copia del análisis de lo que consideró "un delito que debe ser combatido de manera internacional". "La subrogación materna es una nueva e insidiosa forma de trata de personas que afecta los más elementales derechos humanos de las mujeres jóvenes y pobres, que por la situación vulnerable en la que se encuentran ofrecen su vientre para engendrar hijos ajenos", planteó Medina tras entregarle al Papa en el Vaticano el análisis escrito con la investigadora del Conicet, María José Binetti, y con la profesora de Derecho Constitucional, María Sofía Sagues.Para Medina, expresidenta (2021-2023) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con la práctica, "también se afecta el interés superior del niño quien es producto de un contrato de compraventa".
"Este es un delito transnacional, global, profundo, grave que presenta muchas y muy variadas aristas y es necesario combatirlo también de manera universal", añadió la jueza.
El pontífice pidió la prohibición "universal" de la subrogación
El encuentro de este miércoles se da además a dos meses de una reunión internacional que se hará en Roma, con apoyo del Vaticano, "para la abolición universal de la subrogación".A inicios de enero, ante todos los embajadores de países que tienen relaciones con el Vaticano, el Papa consideró "deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño; y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre".
Para el Papa, "un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato". "Por ello, hago un llamamiento para que la Comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica", reclamó el pontífice el mes pasado.
El análisis presentado hoy por Medina repasa las "bases jurídicas" para la prohibición de la práctica y propone que la maternidad subrogada sea tipificada "en el delito de trata con fines de explotación reproductiva y tráfico de menores", en línea con la denominada Declaración de Casablanca firmada por juristas de todo el mundo.
"Es imprescindible no naturalizar estas prácticas perversas, ni mucho menos romantizarla", concluyó la magistrada entrerriana.
