Entre otras cosas dijeron que la obra está paralizada desde el 20 de enero de 2016 por falta de financiamiento provincial, lo cual motivó la firma de un acta acuerdo. Ese hecho, según los contratistas, no impidió que reclamaran el pago de certificados adeudados "de acuerdo a lo que impone la Ley de Obra Pública provincial".
Ante la falta de respuestas, siempre según la versión de la UTE, se llegó a "una rescisión jurídica notificada al Estado el 8/11/16 y por culpa del comitente". Dicho de otro modo, por responsabilidad del Poder Ejecutivo. En su afán por deslindar responsabilidades, las empresas constructoras señalaron que en siete oportunidades –la primera el 18 de noviembre de 2016 y la última el 20 de marzo de este año- le pidieron al Estado que recibiera la obra y continuara con los trabajos.
Como respuesta "en cada una de tales citaciones (el Estado) nos solicitó prorrogar su recepción con la finalidad de renegociar el contrato, lo cual consta en actas", puede leerse en uno de los párrafos de la declaración suscripta por la UTE.
La cifra, que las constructoras dijeron estar dispuestas a aceptar, incluye la realización de obras civiles y la compra de todo el equipamiento e instrumental médico, ya que la Licitación Pública 28/09 fue "llave en mano". Por ende las empresas debían entregar el hospital listo para atender al público.
Junto con eso recordaron que una auditoría efectuada por la Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) revalidó ese precio de renegociación "tal como consta en el expediente". A lo que sumaron una declaración oficial en ese sentido difundida el 13 de mayo pasado en la versión electrónica del diario El Día, de Gualeguaychú.
Tras rememorar sus pedidos de intereses por pago fuera de término de todos los certificados de obra, gastos improductivos y lesión económica, la UTE precisó que "el Estado, en el mismo expediente, efectuó sus cálculos preliminares, concluyendo técnica y legalmente a valores casi coincidentes".
Sin embargo, advirtieron las contratistas, para renegociar el convenio "imponía sustanciales renuncias económicas a nuestra parte, que por cierto eran aceptadas por la UTE", algo que también quedó asentado en el expediente administrativo.
A través de su comunicado las empresas advirtieron que los convenios de renegociación fueron elaborados por la Fiscalía de Estado y tuvieron dictamen favorable de la Contaduría General de la provincia. Pero que el 18 de octubre último, cuando debían firmarse en el MPIyS, todo se frustró "por motivos que no nos fueron explicitados". Al día siguiente al UTE presentó un escrito para que el Estado diga qué quiere hacer con la obra: recibirla para negociar los términos de la rescisión o "renegociar e iniciarla cuanto antes con el aval de la Justicia".
Las empresas tomaron esa medida porque "el Estado sabía y conocía que la UTE, por ley, tiene un año corrido desde el 8/11/16, para hacer entrega de la misma, plazo que por cierto, se encuentra a días de vencer".
De esa manera dejaron entrever que la inminencia de una demanda judicial fue lo que provocó la reacción de Bordet, quien dijo no estar dispuesto a negociar bajo presión. Además el mandatario se comprometió a terminar la obra y anunció un nuevo llamado a licitación pública.
"Hoy, encontrándonos a días de tal vencimiento legal (?) igualmente apostamos a una decisión final del Estado como expresamos anteriormente, quien de no resolver, obligará a la UTE a judicializar el caso", advirtieron las firmas constructoras.
