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El ingeniero Lucas Aníbal Larraz anunció a un medio de Gualeguaychú su decisión de abandonar la conducción de la UGL 34 del PAMI ubicada en Concordia.

Larraz fue designado al frente de la delegación del PAMI en la capital del citrus tras la salida de la médica de Urdinarrain Marta Charadía, quien cumplía funciones allí desde febrero de 2016.

"Desgastado por la gestión y por la limitada capacidad de resolución que tiene con respecto a las medidas adoptadas por el PAMI Central", reveló el diario El Día, Larraz ya tiene tomada la decisión: cuando le den el Ok, renunciará a su cargo. “Por ahora sigo estando en el PAMI, no tengo reemplazante ni nada por el estilo”, expresó. Aclaró que “es un proceso terminado” aunque -dijo- “no depende de mí”.

“Es una decisión personal. Ya aporté lo que podía aportar, ahora tiene que venir otra gente, que pueda aportar otra mirada a las cuestiones que hay por resolver todavía en el PAMI. Mi nombramiento fue una cuestión intempestiva por la salida de otra persona, y tuve que decir que sí. Pero es un proceso terminado. Yo preferiría que siga gente de carrera, pero bueno, eso no depende de mí”, repitió el todavía funcionario.
22 meses sin acuerdo con los médicos
Una de las cuestiones que Larraz no ha podido resolver es el conflicto iniciado el 1º de mayo del 2017, cuando el Colegio Médico de Gualeguaychú se negó a aceptar las condiciones de recorte ofrecidas por la obra social más grande del país, detalladas en el nuevo convenio, y cerca de 15 mil afiliados comenzaron a padecer una situación deficiente.

En algunos días se van a cumplir 22 meses del acuerdo que no fue, y si bien actualmente los afiliados cuentan con el servicio de la empresa Nativus, los reclamos siguen siendo los mismos: falta de profesionales y turnos que llegan a superar los tres meses de espera.

Tampoco la Justicia Federal ha dado respuestas. Pasó casi un año y medio de la presentación del recurso de amparo por parte de dos afiliados y de dos centros de jubilados de Gualeguaychú, en el que pidieron que se vuelva a prestar el servicio. Lo hicieron en el Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 2 de Concepción del Uruguay y, después de algunas idas y vueltas, la Cámara de Paraná resolvió que el juez Pablo Seró, quien se había excusado por ser pariente de uno de los intervinientes por parte del gobierno nacional, debía resolver. Esto fue en octubre del año pasado. A la fecha, no hay novedades al respecto.
Fuente: El Día de Gualeguaychú

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