En los fundamentos del pedido, los legisladores señalaron que existen denuncias de parte de los adjudicatarios sobre el costo de las cuotas; los problemas en la construcción de las viviendas y la falta de urbanización en la zona.
Por esa razón, los senadores le piden al Poder Ejecutivo que responda el pedido de informes que consta de 13 preguntas y anticipan que también se hará una denuncia penal, por el proceso de licitación, adjudicación y construcción de esas viviendas.
En el pedido, los legisladores también cuestionaron la falta de “respuestas serias y responsables” de parte del Estado Provincial, y especialmente el IAPV, a los graves reclamos que hicieron los adjudicatarios.
“La situación de estos adjudicatarios constituye una problemática social, que afecta a no pocas personas, y frente a ello, la indiferencia del Estado Provincial no puede ser la respuesta”, se indicó.
También hicieron mención de que en los tres barrios o complejos de viviendas no hay urbanización y otros servicios esenciales de esparcimiento. No hay centros educativos planificados, servicio de salud pública, de seguridad, y también hay insuficientes medios de transporte.
“La ley de creación del IAPV es clara en señalar que la planificación urbana es el primer objetivo de este, y esa planificación, por lo visto, es la gran ausente. A lo mejor no será responsabilidad exclusiva del Estado Provincial, y puede ser compartida con los Municipios en cuyas jurisdicciones están enclavados estos complejos habitacionales, pero lo cierto es que el IAPV, al tener entre sus funciones esenciales la planificación urbana, ello no podría haber pasado como inadvertido. Hoy constituye todo ello un problema complejo, y que rápidamente se debe resolver”, se señaló en la iniciativa legislativa que fue aprobada en la sesión del martes.
Para Kisser, Lora y Mattiauda otras de las irregularidades se presentan en la falta de establecimientos educacionales próximos a esos complejos habitacionales, lo que constituye uno de los grandes problemas para quienes habitan estas viviendas.
“No hay dudas que la urbanización ha sido la gran ausente en el desarrollo de estos complejos habitacionales, y ello de alguna forma se debe solucionar, razón por la cual los suscriptos se dirigen al Señor Gobernador, interesando se informe al respecto, todo lo que se señala a continuación”, se señaló.
Los legisladores quieren que el Ejecutivo responda
:1- Si el Estado Provincial, a través de quién corresponda, asumirá la problemática constructiva que denuncian los adjudicatarios de las 800 viviendas en el Área Paraná (250 en San Benito, 250 en Colonia Avellaneda y 300 en el Este de Paraná), las cuales fueron entregadas durante el año 2018, y en su caso, cuál sería la solución que se les brindaría a los afectados.
2- Si el Estado Provincial, a través de quien corresponda, ha promovido la ejecución de las garantías contra las Empresas Constructoras por las falencias constructivas que presentarían estas viviendas, según lo que los propios usuarios denuncian.
3- Cuál es la causa o razón por la que no se detectaron, a su debido tiempo, las falencias constructivas. ¿Qué pasó con los entes de control?
4- Por qué, desde el IAPV, se permitió a las empresas constructoras cambiar el sistema constructivo de las viviendas, teniéndose en cuenta lo que al respecto había dictaminado el Honorable Tribunal de Cuentas.
5- ¿Qué experiencia había en la Provincia de Entre Ríos que aconsejara aceptar la construcción de las viviendas por el sistema denominado Casaforma, y no por el sistema tradicional? ¿No era más conveniente comenzar, con esta experiencia de construir por el sistema Casaforma, con un grupo habitacional de menor número de viviendas?
6- Si desde el Estado Provincial, y previo a la adjudicación y/o entrega de las viviendas no se advirtió que muchos adjudicatarios tendrían dificultades para atender las dos cuotas en la cancelación de las viviendas, una al IAPV, y otra la Mutual Modelo.
7- Dónde concurrirán los hijos de los adjudicatarios de esas 800 viviendas a la escuelas primaria y secundaria, porque aparentemente no se habría previsto en ninguno de los conglomerados habitacionales este servicio básico y elemental que debe prestar el Estado Provincial.
8- ¿No hubiera sido más apropiado, al planificarse semejantes grupos habitacionales, tener presente que los hijos de los adjudicatarios deben concurrir a establecimientos educacionales próximos a sus viviendas? ¿Cuál fue la razón por la que no se adoptó esta previsión?
9- Si el Estado Provincial tiene previsto generar algún servicio de asistencia médica pública, próximo a los tres grupos habitacionales que conforman estas 800 viviendas, atento el número de habitantes que contienen.
10- ¿Por qué, en ninguno de los grupos habitacionales, se previeron centros de recreación, tales como plazas, salones de uso múltiples, lugar para la instalación de comercios y otros diversos servicios?
11- ¿No se advirtió, desde la obligación que tienen el Estado Provincial y los Municipios involucrados de planificar y urbanizar, de quiénes son todos los inmuebles aledaños a dichos grupos habitaciones, ya que ello constituirá, seguramente, un gran negocio inmobiliario? El Estado Provincial no puede generar, gratuitamente, un negocio inmobiliario favoreciendo a terceros, y menos, si alguno de ellos está vinculado con el propio Estado, a las empresas que construyeron las viviendas.
12- Si se respetó, en los tres grupos habitacionales que motivan este pedido de informe, la opinión de Hidráulica de la Provincia sobre la no inundabilidad de los terrenos donde se asentarían las viviendas, especialmente en el caso de las 300 viviendas ubicadas al Este de la ciudad de Paraná, donde aparentemente se habría aconsejado no edificar por debajo de la cota 49 metros.
13- ¿Cuál es la razón por la que el Directorio del IAPV no quiere recibir y escuchar a los adjudicatarios de estas 800 viviendas, quienes le habrían solicitado audiencia, todo conforme a los trascendidos periodísticos?
