El documento presentado a Bordet lleva la firma de la presidenta de Red de Alerta, Silvina Calveyra, y del titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera. Allí señalan que la "grave situación institucional" del Copnaf se vio agravada recientemente por las nuevas designaciones en el organismo. Puntualmente cuestionan el nombramiento de Rougier como coordinador del Copnaf de Concordia, y de la abogada Corina Beisel como coordinadora del Programa de Violencia del organismo.
Recordaron que a Rougier "se lo vincula en la causa por trata de personas del locutor Gustavo Alfonso" y que Beisel representó a Silvio Díaz, el hombre que provocó un siniestro vial frente a la Escuela Centenario de Paraná, el 6 de junio de 2014, por el cual murió Juan Manuel Martínez Zurbano, de seis años, y su hermano Santiago sufrió lesiones de distinta consideración.
"Ambas designaciones implican un ataque a nuestras mujeres, niños, niñas y adolescentes, sus familias y a la sociedad en su conjunto. Es un ataque a los paradigmas enmarcados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y toda la normativa vigente en defensa de sus derechos", se lee en el documento.
Señalan también que estos nombramientos "lesionan y ponen en riesgo a nuestra infancia y adolescencia, que necesitan medidas protectorias en la restitución de sus derechos frente a situaciones de extrema vulnerabilidad, por parte de la institución Copnaf y sus funcionarios a cargo".
"Estas dos personas designadas en los diferentes cargos, con la dimensión de sus antecedentes y presuntas vinculaciones a presuntos delitos, no debieran ocupar cargos y cumplir roles en un estado democrático, cargos que determinan la defensa de nuestros niños y adolescentes, es un detrimento para el organismo y una burla para la sociedad en su conjunto", remarcan.
Tras reiterar el rechazo a las designaciones, Calveyra y Vera consideraron que "quienes ocupen esos cargos debieran ser personas idóneas, probas en el tratamiento de las problemáticas sociales y de la infancia, la adolescencia y el núcleo familiar, en momentos donde la violencia es transversal y estructural". También entendieron que deben "no poseer vinculación alguna a presuntas causas y delitos contra la infancia".
Exigieron la "desburocratización para el abordaje y la delimitación de medidas de protección, las cuales deben responder a los tiempos de los niños, niñas, adolescentes y no a la priorización de los tiempos institucionales", solicitaron que se establezcan "criterios de idoneidad y profesionalización para los trabajadores que realizan sus tareas con sectores en situación de vulnerabilidad" y pidieron "salarios y medio ambiente de trabajo acorde a las funciones de los trabajadores", entre otros puntos.
Calveyra y Vera lamentaron además que "en los últimos años en la provincia de Entre Ríos existe la ausencia de políticas públicas integrales para la niñez y la familia, en estado de vulnerabilidad en consonancia con los derechos humanos y sociales que se les deben garantizar".
