"Estamos mejorando la transparencia en la entrega de viviendas sociales que financia el gobierno nacional. Este es el camino que nos marcó el presidente y que venimos trabajando con las provincias, en pos de llegar a las familias que más lo necesitan", señaló el funcionario nacional al respecto.
Por su parte, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, explicó que “es una necesidad que las viviendas sociales sean otorgadas con justicia y transparencia para que se termine con la discrecionalidad en el manejo de estos asuntos, donde muchas veces la gente terminaba siendo rehén de alguna agrupación para poder ser beneficiaria”, agregó el secretario”.
La resolución establece la “obligatoriedad de la presentación de los listados de preadjudicatarios y beneficiarios” a todos aquellos entes que hayan suscripto convenios con el Estado, que tengan por objetivo ejecutar soluciones habitacionales financiadas o promovidas con fondos nacionales. Asimismo, dicta un plazo de 20 días a los entes para adecuarse a la misma, suspendiendo los pagos de los certificados hasta tanto se cumpla con lo solicitado.
