“La norma de Fiscalía de Estado ha sido siempre esperar la sentencia penal o la resolución del Tribunal de Cuentas para reclamar el resarcimiento”, pero aclaró que en el caso de la causa “Contratos truchos” en la Legislatura, “como no había una determinación del Tribunal de Cuentas y no había una medida cautelar, se consideró pertinente incorporarse como actor civil”.
En declaraciones realizadas al programa “A quien corresponda” (Radio de la Plaza), Julio Rodríguez Signes comparó que “en las causas contra el exgobernador Urribarri hay medidas cautelares trabadas por el Ministerio Público Fiscal lo que asegura que, si hay condena, el resarcimiento es factible de obtener” y aseguró que “es una decisión técnica, no política”.
“Lo normal -prosiguió- es que el Tribunal de Cuentas realice una investigación y, si encuentra responsabilidad generada por un funcionario público y perjuicio a la administración, remite un expediente a Fiscalía de Estado y se inicia la acción civil, tendiente a obtener la reparación”.
“Eso es en el 99% de los casos”, afirmó el fiscal de Estado, pero advirtió que “puede pasar que no haya una actuación del Tribunal de Cuentas, como las causas Yedro o Righelato, donde se decomisaron los bienes producto del enriquecimiento ilícito y allí se encomendó a la Fiscalía a tomar posesión del inmueble que se había producido con el enriquecimiento”.
“Todo depende de cada caso, no hay una regla definitiva, pero lo importante es que el Estado, a través de los órganos que corresponden, Fiscalía y Ministerio Público Fiscal, ejercen la acción civil y penal”, dejó planteado.
Respecto del estado de la causa contra el exdiputado provincial y exsecretario general de UPCN, José Ángel Allende, comentó que “en el Tribunal de Cuentas hay una investigación abierta y el juicio abreviado quedó sin homologar”.
