“El Estado no debe apropiarse de sumas que exceden el impuesto que nace en función del hecho imponible, debido a que el contribuyente no puede compensar el saldo técnico a favor con otros tributos, como tampoco puede renunciar a la acreencia por considerarse un ‘crédito en suspenso’, siendo solo viable usarse contra el propio impuesto”, plantea el autor de la iniciativa.
Vale aclarar: el “saldo técnico” es el resultante de la diferencia entre el IVA pagado por las compras y el percibido por las ventas. La legislación vigente contempla que el mismo, en caso de resultar a favor del contribuyente, solo puede emplearse para cancelar liquidaciones de IVA.
En la actividad agropecuaria ocurre que las ventas de granos y hacienda están gravadas en IVA con una alícuota del 10,5 por ciento, mientras que los insumos y servicios tributan entre 21 y 27 por ciento, lo que genera un “saldo técnico” a favor de los contribuyentes que generalmente es difícil de recuperar.
Entre los fundamentos del proyecto, se menciona que “no se puede aplicar dicho saldo a deudas de otros tributos, cómo podrían ser el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, ya que se restringe por completo a la aplicación del mismo tributo. Por lo tanto, gran parte del capital de trabajo del productor queda en manos del Estado, siendo una afectación del derecho de propiedad”.
Existiendo “saldos favorables” al contribuyente, “deberían poder compensarlos completamente con otros tributos o habilitar una efectiva devolución del dinero que pertenece al contribuyente”, agrega luego.
