El texto procura responder a una pregunta: ¿con qué panorama se encuentran Frigerio y Roncaglia?, es decir la nueva gestión provincial con el exministro del Interior como gobernador y el exjefe de la Policía Federal Argentina como ministro de Justicia y Seguridad de Entre Ríos.
A continuación, El Entre Ríos transcribe parte del artículo cuyo contenido completo puede encontrarse en la edición gráfica de la revista “Análisis”, edición 1147, del 20 de diciembre de 2023:
El narcotráfico en la capital de la provincia es una auténtica joda. Ninguna organización mediana o grande ha sido desbaratada en el último lustro. Los investigadores de las fuerzas de seguridad no se sienten respaldados por la Justicia. La falta de recursos y las nuevas dificultades para reunir pruebas para una condena hacen el resto para que se expandan el mercado de drogas y el desastre que ocasionan. Rogelio Frigerio apuntó en su discurso de asunción contra el narcotráfico y el lavado de activos. Su alfil Néstor Roncaglia deberá sentar a todos en la mesa para abordar una problemática que se fue de las manos.
Hace cinco años y medio que en Paraná no cae una organización narco mediana o grande. La última banda fue la de Daniel “Tavi” Celis en la causa Narcomunicipio, que desbarataron en mayo de 2018. Los intentos posteriores en la Justicia Federal quedaron en expedientes sin destino y cientos de horas de trabajo y recursos desperdiciados.
En la Justicia provincial, las causas por narcomenudeo tampoco apuntan a la venta organizada de droga en este nivel e interrumpen cualquier posibilidad de buscar a los que están más arriba en el negocio del narcotráfico. Además, casi nadie queda preso.
En este tiempo, hubo narcos viejos que siguieron en el negocio y se fortalecieron; otros nuevos que irrumpieron en escena; y los hijos de narcos que tomaron la posta familiar porque hoy conocen mejor la calle que sus padres. Por eso, la mayoría de los nombres propios en el mercado de drogas en Paraná siguen siendo los mismos. A los Latorre, González, Larrosa, Franco, Benítez, Quiroga, se les suman Morato, Romero, Aguilar, Maidana, por nombrar solo un manojo de apellidos cuyas bandas no pasan la mitad de tabla. Los grandes se acomodan en el anonimato y la impunidad. Entre ellos, empieza a aparecer el brazo financiero del narco peruano asentado en el Bajo Flores de Buenos Aires.
La venta de drogas en muchos barrios va de lo irrisorio a lo trágico. El evidente movimiento de consumidores mañana, tarde, noche y madrugada en viviendas o en improvisados kioscos es observado con cierta resignación por los vecinos, si es que la situación no es ya parte del paisaje natural de la cuadra.
Como en el drugstore de calle La Cautiva de San Agustín denunciado varias veces por vecinos o los soldaditos de Puerto Viejo que atienden en la vía pública. La silenciosa contrapartida es el caos puertas adentro en las familias que no saben qué hacer con el pibe o el adulto que desbarranca a cada rato: que robó un celular, que se llevó el televisor, que lo agarró la Policía, que lo buscan por una deuda.
La Policía, sin recursos materiales suficientes, no se siente respaldada por la Justicia. En el fuero provincial, sienten que pedir un allanamiento es un suplicio. En el ámbito Federal, donde se debe apuntar al narcotráfico organizado y al lavado de activos, la cosa se complica más por aparentes diferencias internas, y se está notando mucho la diferencia con la actividad de los juzgados y fiscalías federales de Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú.
