La frase textual del denunciante fue: “es clara la malversación de fondos públicos que implica que Vialidad hiciera una escuela sin tener ningún tipo de competencia para ello”.
Explicó que “en causas por corrupción no hay querellantes” por lo cual su actuación se limitó a “realizar la denuncia, presentarla y patrocinarla” y, al respecto, mencionó que presentaron “un proyecto para modificar el Código Procesal Penal y que puedan constituirse querellantes en este tipo de causas, el que está en la Legislatura. No sé si (Sergio) Urribarri lo va a querer aprobar”, dudó.
Las razones de la denuncia
Recordó que “la denuncia de 2015 la presentaron los diputados (Jorge) Monge y (María Emma) Bargagna y eran tres hechos de los cuales finalmente el Ministerio Público Fiscal decidió que solo uno merecía ser llevado a juicio”. “Posteriormente pensamos en ampliar la denuncia pero nos pareció que la malversación de fondos públicos clara que implicaba que Vialidad hiciera una escuela sin tener ningún tipo de competencia para ello, era suficiente y estamos confiados en que finalmente este hombre tendrá un juicio justo y será condenado porque hay muchas pruebas”, afirmó.
Aseguró que “el Estado falló en todo porque eso era un desquicio donde cualquiera hacía cualquier cosa y no existían los mínimos controles y la pregunta clave es si no tenía competencia para construir escuelas, como asignó los gastos, a quién contrató”. Y agregó que “lo importante es que la escuela de Rodríguez no fue una excepción en un manejo regular de fla administración pública, lo que pudimos ver de manera clara y fácil de probar es el desmanejo en la construcción de esta escuela”.
“Se hacía lo que se quería, y no solamente haciendo escuelas, y en esto la ley penal es clara, es malversación de fondos públicos. Rodríguez pretende presentarse como víctima cuando de ninguna manera lo es, es un funcionario que está siendo sometido a juicio por haber tenido una conducta prohibida en el Código Penal”.
Tres hechos denunciados
En cuanto a las pruebas a las que refiere, dijo que Rodríguez “no tenía ningún tipo de competencia para aplicar fondos del erario público a la construcción de una escuela, sin ningún tipo de posibilidad jurídica, y de ahí se derivan otras irregularidades por ejemplo como se contrató la construcción del edificio”.“Rodríguez como director de Vialidad con los dineros públicos que tenían que ser aplicados a la construcción de caminos y otras cuestiones, hacía lo que quería. Por eso la denuncia se planteó por tres hechos: uno es el de la escuela, que es el más claro y contundente; el otro es por un viaje que se hizo al Chaco sin ningún tipo de control y otro hecho que fue la utilización de una oficina de Vialidad para hacer propaganda para el Partido Justicialista y específicamente para su sector interno”, describió.
“Él se presenta como una víctima pero acá el concepto es otro: es el patrimonialismo, utilizar los fondos del Estado como si fueran propios”, aclaró el abogado que agregó que “la contundencia está básicamente en que Vialidad no tiene posibilidad jurídica de hacer una escuela; está fuera de su competencia”, expresó.
En cuanto a la participación de la Oficina Anticorrupción en el proceso, Pereyra sostuvo que “esos organismos no sirven ni a nivel nacional ni provincial porque un organismo dependiente del Poder Ejecutivo no controla a los funcionarios de su mismo partido”.
Un organismo que investigue delitos de corrupción
Afirmó que “lo que se necesita es un Ministerio Público Fiscal que funcione con independencia y además que se reglamente el artículo 208 de la Constitución Provincial que dispone que dentro del Ministerio Público Fiscal haya un organismo autónomo dedicado específicamente a la investigación de delitos contra la administración pública”. “No sé qué hizo Fiscalía de Estado pero el gobierno de Urribarri tiene un marcado sesgo patrimonialista y debiera haber varios casos como este, pasa que el caso de Rodríguez es tan grosero y tan fácil de probar, que fuimos por ese lado”, indicó.
Opinó que, en lo personal, no cree “en instituciones que estén bajo la órbita del Poder Ejecutivo y si bien Fiscalía de Estado es un instituto autónomo, en general los fiscales de Estado han sido abogados de los gobernadores, por eso creo mucho en la actuación fiscal, en el Ministerio Público Fiscal y en el periodismo y en la opinión pública presionado sobre las autoridades para que estas cosas se investiguen”, concluyó.
