“La obra social no está ajena a la problemática económica que tiene el país. Seguimos insistiendo en que vamos a tener que instrumentar una emergencia prestacional porque medicamentos de alto costo, nuevas tecnologías y la aplicación de leyes especiales, desnaturalizan los recursos y uno tiene, muchas veces, que atender necesidades causadas por esas situaciones que tienen un amplio impacto económico, pero que resuelven la situación de muy pocos afiliados. Y por eso decimos que se pone en riesgo la prestación para todos los afiliados”, explicó el dirigente.
También, “hay que cuidar el sistema, hacerlo previsible y tratar que la sustentabilidad le garantice a la población entrerriana el acceso a la salud”. En su análisis, sostiene que “si la salud sigue como lo dispuso el gobierno nacional, en una economía de mercado que es salvaje, inhumana, los recursos no van a alcanzar”.
Cañete, que comparte la situación de la obra social de los trabajadores dependientes del Estado entrerriano, aclaró que el resto de las obras sociales, las sindicales, “también están muy complicadas”. En ese sentido, recordó un encuentro que reunió a los representantes de estas entidades en la sede de Amet, “donde plantearon la conformación de un consejo de obra social provincial para tratar la problemática causada por el avasallamiento de los lobbys empresariales, de las multinacionales en un mercado de la salud, donde nosotros tenemos que seguir pagando con nuestros afiliados como conejillos de India para que los laboratorios hagan negocios”.
Más allá de esa referencia, que engloba a la mayoría de las obras sociales, en lo que respecta al Iosper, “lo primero que vamos a hacer es ver la posibilidad de instrumentar una agencia de tecnología provincial; avanzar si se puede en una ley provincial de medicamentos y mi intención es ver si podemos hacer un Programa Médico Obligatorio entrerriano, porque si la Nación desprotege a los habitantes, yo estoy diciendo ´en Entre Ríos juntémonos, protejamos el sistema y hagamos que sea sustentable en el tiempo porque es necesario darle la tranquilidad a todos los entrerrianos y fundamentalmente a los prestadores que viven del sistema´”.
“La intención es, en el mes de agosto, tratar de presentar un proyecto de ley como para empezar a transitar este camino, intentando crear los anticuerpos necesarios para protegernos porque si no hacemos nada esto se desmadra, hay que controlarlo”, agregó.
El caso de Gualeguay
En ese departamento hay 5511 afiliados y 5700 adherentes al Instituto de la Obra Social Provincial. La recaudación es de 13 millones mensuales; al año, 169 millones.Hay dos afiliados, quienes interpusieron recursos de amparo, que utilizan un medicamento de uso compasivo (es decir, administrado a pacientes aislados), que no está aprobado por Anmat, en lo que el Iosper invierte 80 millones de pesos.
“Sería descabellado pensar que si seguimos así el sistema va a perdurar en el tiempo. Advirtiendo estas cosas es que nos sentamos a analizar qué hacemos con el sistema de salud”, cerró diciendo Cañete, tras citar estos datos a modo de ejemplo.
