Enterado del hecho, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) repudió la grave situación vivida por los empleados de Tribunales y señaló que una vez que tomaron cuenta de lo sucedido se dispuso la evacuación inmediata del edificio y se pidió la intervención de la Policía de Entre Ríos. El alto cuerpo consideró la amenaza dirigida directamente al Poder Judicial y como expresión de “amedrantamiento”.
Los efectivos policiales se encuentran trabajando en procura de despejar dudas respecto de la existencia o no de ese dispositivo explosivo y calculan que la tarea les demandará todo el día.
Al respecto, el STJ manifestó “su más firme repudio contra estas expresiones de amedrentamiento para impedir o condicionar la libre actuación de la función judicial, tarea que debe ser llevada adelante con tranquilidad de espíritu, sin interferencias, presiones de ninguna naturaleza, garantizando los valores democráticos que dan sustento a la República y la plena vigencia de todas las garantías jurídicas de nuestro ordenamiento legal”.
En ese sentido, expresó que “cada vez que se realiza una amenaza de este tenor no solo se violenta el normal desarrollo de la actividad judicial, sino que, también, se trastoca la paz social de la comunidad toda, por lo que surge la necesidad de sustentar nuestras instituciones, en defensa de cualquier intento de daño, estableciendo un fuerte juicio de reproche moral y ético por parte de todos los sectores de la comunidad hacia quienes hayan sido los autores de esta amenaza”.
También se manifestó la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, que condenó el hecho. “Este tipo de acciones constituyen una clara afrenta a la sociedad en su conjunto y atentan cobardemente contra los principios fundamentales de convivencia pacífica y respeto mutuo”, señaló.
La entidad que representa a jueces, fiscales y defensores hizo saber de su “solidaridad, acompañamiento y apoyo a todas las personas que se vieron afectadas por este incidente”, y planteó: “Resulta inadmisible que se utilicen métodos tan cobardes para intimidar y alterar el orden público, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de las personas, así como para obstaculizar el funcionamiento de las instituciones que garantizan la justicia y el bienestar de la sociedad”.
“Confiamos en que las autoridades competentes realizarán una exhaustiva investigación para esclarecer el hecho, identificar y sancionar a los responsables”, señaló la Asociación.
