Los entrerrianos que acusan
Dos radicales y un referente del PRO son los entrerrianos que aparecen en el listado de 300 personas que denuncian la “infectadura” que estaría conduciendo Alberto Fernández.El exdiputado y extitular del Comité provincial, José Artusi; el exlegislador nacional y excandidato a gobernador en 1987, Ricardo Lafferriere; y su hijo, Emilio, referente del PRO que ocupó la titularidad de Radio y Televisión Argentina en tiempos de Mauricio Macri son los entrerrianos que figuran en el listado.
Artusi figura en el apartado de “profesores e investigadores de universidades”, por su rol de docente en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU); Emilio Lafferriere figura entre los periodistas; y Ricardo Lafferriere entre las “personalidades e intelectuales” que adhieren a la nota.
El documento
“La democracia está en peligro” denuncia el documento que lleva, entre otras firmas, las de tres exfuncionarios de Macri, Darío Lopérfido (exministro de Cultura), Fabiana Túñez (exsecretaria del Consejo Nacional de las Mujeres) y Jorge Sigal (exsecretario de Medios Públicos); actores como Luis Brandoni; la académica Sandra Pitta; intelectuales como Juan José Sebreli; periodistas como Eduardo Antín, Marcelo Panozzo, Javier Navia; el politólogo, Luis Tonelli.Tras cuestionar el modo en que se encaró la pandemia, se apunta que “el presidente Fernández anunció que comenzaba ‘la hora del Estado’, una expresión que recuerda a la famosa frase de Leopoldo Lugones y describe un fenomenal avance en la concentración del poder para eludir cualquier tipo de control institucional”, advierten.
Se asegura que “en nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la “seguridad nacional”, el gobierno encontró en la “infectadura” un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”.
Denuncian “un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud”; el asesinato de Magalí Morales y Luis Espinoza luego de su detención y que “miles de argentinos han quedado varados en el exterior y en en el interior, mientras provincias y ciudades se han cerrado como condados medievales. Clases suspendidas, enfermos que no pueden seguir sus tratamientos, familias separadas, muertos sin funerales y, ahora, la militarización de los barrios populares”, describen para luego disparar contra “el desdén por el mundo productivo”.
No plantean cómo podría llevarse a cabo la cuarentena sin este panorama pero plantean su “preocupación” e instan a “grupos y organizaciones de la sociedad civil, partidos, sindicatos, formadores de opinión y medios de comunicación independientes a redoblar una actitud crítica y vigilante hacia al poder gubernamental, aumentando la deliberación y la conversación social”.
