En el escrito de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, señalan que respetan y rescatan “la enorme labor que hace más de una década viene realizando la Asamblea Ambiental. Es más, nuestra entidad integra el Foro Ambiental y muchos de los socios participamos de dicha Asamblea. Nuestra intención no es enfrentarnos a ella, sólo que necesitamos dejar aclarado públicamente –al igual que ellos lo hicieron- una serie de aspectos en lo atinente a la labor de la SRG y de los productores en general”. “Lo primero que debemos enfatizar es el hecho de que los productores nos adaptamos a los actuales modos de producción, como nos adaptaremos al que llegue en el futuro”, continúa el comunicado, y añade: “Dicho esto, queremos destacar que los productos utilizados cuentan con la aprobación y habilitación de los organismos sanitarios de nuestro país. Usamos productos que tienen el visto bueno de los profesionales y científicos argentinos y los usamos dentro del marco legal vigente”.
La Sociedad Rural manifestó que no avalan “a los productores que no hacen bien las cosas, poniendo en riesgo el medio ambiente. Estamos de acuerdo con los controles y con el uso eficiente, seguro y racional de los fitosanitarios. Apoyamos las buenas prácticas agrícolas porque somos custodios de nuestro entorno”.
En el texto, apuntaron también contra el Estado entrerriano: “Resulta sumamente necesaria la participación eficiente del Estado entrerriano a los efectos de controlar y castigar a quienes se apartan de las buenas prácticas agrícolas. Es un claro rol del Estado el ejercicio del poder de policía, y a decir verdad, durante mucho tiempo ha tenido enormes falencias en esa obligación”.
Ampliaron en este sentido que han solicitado “en innumerables oportunidades que el Estado entrerriano reglamente la ley a la que adhirió respecto de los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), para un eficiente descarte de los bidones de fitosanitarios. Hasta ahora, no hemos logrado que ello suceda”.
En Gualeguaychú, expresaron que se “intenta experimentar sobre una idea inaplicable para la mayoría de los cultivos que se realizan en nuestra zona a gran escala. En ese punto, desde la Asamblea han atendido nuestra prédica cuando sostienen que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas, llegando a acuerdos con plazos determinados, dando tiempo a los productores para adaptarse. Cosa que no sucedió lamentablemente y hoy lo pagan decenas de familias rurales”.
Remarcaron finalmente en el comunicado: “No somos cómplices del deterioro del medio ambiente. Tampoco es verdad que privilegiamos el lucro, por sobre la salud y la vida. Somos productores agropecuarios que trabajamos según las reglas de juego vigentes, atadas a un sistema global de producción, que no elegimos ni vitoreamos” y que están dispuestos “al diálogo permanente, a la búsqueda de consensos”.
