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Noelia Romero Pared tiene 31 años y estudia la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay. De una currícula de 40 materias tiene aprobadas 39. El detalle es que esa única materia pendiente (Práctica Forense III) ya la ha rendido sin éxito 13 veces y la reiterada desaprobación estaría relacionada con la incompatibilidad existente entre la forma de evaluación y su discapacidad.

“Tengo cuadriparesia espástica, una parálisis cerebral que afecta severamente la motricidad de brazos y piernas. La mayoría de la currícula la hice de forma oral, con trabajos prácticos o ayuda de mis compañeros, pero no tuve demasiadas complicaciones hasta que apareció Práctica Forense III, una materia netamente práctica de redacción de escritos, en el cual dan un múltiple Choice que recién logré pasar la décimo tercera vez, pero no pasé los escritos”, contó a El Entre Ríos.
“A la facultad le falta empatía”
Al ser consultada sobre la respuesta que obtiene de parte de docentes y autoridades, menciona: “Las autoridades se llaman a silencio. Nadie responde y si lo hacen, prometen el oro y el moro pero después en la práctica eso no está. Respecto al docente, intenté hablarlo, pero me dice ‘vos no tenés coronita’, ‘querés sacar ventaja de tu condición’, ‘te estás victimizando’. Barbaridades”.

El reclamo de Noelia es muy claro: “Pido que el examen se adapte a mi condición y no yo al examen. Pertenezco a un colectivo de personas con discapacidad que estamos en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, nunca voy a ser igual al resto, como me dicen en la facultad. Lamentablemente no soy igual a los demás, tengo dificultades motrices, lesiones y dolores musculares de los que no me voy a recuperar nunca. Entonces, planteo que se utilice el ajuste razonable contemplado en el Art. 24 de Educación Inclusiva de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde UCU me preguntan cuáles son los ajustes que necesito y les digo que los dice la convención; no me corresponde a mí decírselos, más allá de que he presentado notas acompañada por el equipo que me atiende, profesionales de Educación Inclusiva y mi abogada, planteando las posibles modalidades y UCU no responde. Pero dejo en claro que no es responsabilidad mía, sino de la institución. No puedo hacerme cargo del prejuicio que el docente o la universidad puedan tener”.

“A la facultad le falta empatía, entonces no puedo pretender que sean equitativos para que yo pueda acceder a un examen. Las veces que hablé de manera informal, nos los ves en una posición conciliadora. Yo soy mediadora, imaginate lo frustrante que es para mí no poder mediar con la facultad. He pedido reuniones, no me han escuchado, no me responden las notas por escrito o las contestaciones son evasivas. Dijeron que han hecho todo lo posible para acompañarme, pero si fuese así, esto no estaría sucediendo”.

Ante la posibilidad de iniciar alguna vía legal, comenta: “Hace un año vengo presentando notas como intimación para que la UCU responda, y no hemos tenido el resultado esperado. Por lo tanto, no me va quedando otra alternativa –por más traumático que eso sea para mí- que iniciar una acción de amparo”.
Vulneración e ironía
En otro tramo de la conversación, la estudiante de Abogacía señala: “Si el problema es mi capacidad para pasar un examen, como cuestionaron, esto hubiese sucedido en primer o segundo año, no en la última materia de una carrera. Además, pedí que se concedieran tutorías en tres instancias y las atravesé; no es que fui al examen pensando que me iban a aprobar sin prepararme, sino todo lo contrario, y así y todo no logro pasarlo”.

“No necesito parecerme a nadie para recibir el premio de ser incluida. La inclusión es un derecho y acá hay una vulneración que irónicamente me está pasando en una Facultad de Derecho. Me llevó dos años de terapia tomar la decisión de hacer la denuncia pública”, concluye, a la espera de cumplir el sueño de obtener su título.
Fuente: El Entre Ríos

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