“Se convirtió en un martirio”, sintetiza, al mismo tiempo que indica: “Hemos presentado numerosos proyectos para dar una respuesta a estas familias, pero no nos han dado importancia. El Estado promueve un sistema usurero que, en una economía inflacionaria, castiga a los trabajadores y da un mensaje preocupante: ser propietario de una vivienda es cosa de otras épocas”.
En Argentina, el legislador entrerriano precisa que más de 100 mil familias se ven afectadas por esta situación y que el 90% de los contratos fueron establecidos entre ciudadanos y bancos públicos, pero que desde el gobierno nacional afirman no poder dar respuesta a esta demanda.
“La situación deja a aquellos que, por ejemplo, solicitaron un monto de $2.600.000 en el año 2018, a deber hoy $9.600.000, es decir, más del triple, algo que no se condice con el salario real que reciben los trabajadores y que la inflación ha perjudicado seriamente”, considera.
“Hemos propuesto un sistema para proteger a estos tomadores de deuda para resignificarlos y considerarlos lo que son. Familias argentinas con un sueño noble que confiaron en el Estado y fueron defraudadas”, manifiesta Hein, quien denuncia además “poca predisposición por parte de la cámara para abordar el asunto: no han rechazado nuestra propuesta porque la han cajoneado, ni siquiera lo han decidido tratar en comisión”.
“El proyecto -según describe- propone suspender hasta julio del próximo año las ejecuciones hipotecarias de los créditos. Al mismo tiempo, congelar las cuotas y darles la posibilidad a los tomadores de deuda, de poder transformar lo adeudado en un nuevo crédito con condiciones más convenientes”.
Por último, “establecer un límite del 30% de los ingresos de la familia para el pago de estas deudas, sin excepciones, para que la lógica del crédito esté vinculada con los salarios y no con la inflación, ya que esto constituye un sistema de usura inmoral ejercido en perjuicio de la ciudadanía en un país que no puede controlar dicho índice”.
