En cambio, propuso utilizar otros tipos de herramientas, “como son los acuerdos de precios entre productores, organizaciones de consumidores y Estado, o la reducción de impuestos a los bienes de consumo masivo”.
Por otra parte, la legisladora radical destacó: “La resolución no solo determina el congelamiento de precios, sino que obliga a las empresas productoras a aumentar la producción de los productos incluidos en el listado. Esta decisión, además de excesiva e intrusiva, es claramente perjudicial para las empresas, ya que muchas de ellas se encuentran con problemas de suministros, problemas en las cadenas de producción o directamente con costos que las obliga a trabajar a pérdida, lo que sería directamente inconstitucional”. “Ninguna empresa puede ser obligada a trabajar a pérdidas, sin verse afectado su patrimonio y la propiedad privada”, sentenció.
La iniciativa fue acompañada con las firmas de los diputados nacionales Carolina Castets, Julio Sahad, Alfredo Schiavoni, Carlos Fernández, José Luis Riccardo, Atilio Benedetti y Federico Zamarbide.
