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Lucas Larrarte (FpV-San Salvador), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de la provincia, se refirió a la sanción de la ley de narcomenudeo impulsada por el Poder Ejecutivo de la provincia y promovida por el gobernador Gustavo Bordet en la Asamblea Legislativa.

El senador señaló que para la sanción y puesta en funcionamiento hay que garantizar partidas presupuestarias, porque la legislación prevé la creación de cargos en las fuerzas de seguridad y los juzgados provinciales, además de nuevo equipamiento. “Si a provincia no tiene los recursos, necesitamos que Nación mande las partidas presupuestarias. De otro modo no es posible”, marcó Larrarte. Dijo también que habrá un dictamen consensuado entre ambas cámaras y todos los bloques para buscar la “aprobación lo antes posible”.

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“Hace tiempo venimos trabajando el texto enviado por el Poder Ejecutivo para adherir a la des-federalización en materia de drogas y poder, a través de las fuerzas de seguridad y los juzgados provinciales, atacar este problema que va comiendo la cabeza de nuestros jóvenes”, dijo Larrarte y agregó: “Lo que pretendemos con la adhesión es que la Nación transfiera las partidas presupuestarias para mejorar servicios de seguridad, justicia, salud y educativo. Estamos discutiendo aspectos que son el centro de este proyecto, como es la creación de cargos para los juzgados. Algunos legisladores deben entender que esto es posible en la medida que existan las condiciones presupuestarias, ya sea porque la provincia puede o porque la Nación manda las partidas. De otra manera, no va a ser posible la creación inmediata”.

El senador dijo que de cualquier forma, tanto “la Policía como el Poder Judicial manifestaron estar capacitados para absorber esta problemática”.
Explicó que “Cuando fue la adhesión parcial, la Justicia Federal de Paraná la rechazó porque se iniciaba la investigación con los recursos de la provincia y esa investigación era remitida al Juzgado Federal. El juez (Leandro) Ríos señaló que el cambio de jurisdicción era lo que tornaba inconstitucional la norma. Es decir, que no podía arrancar la investigación en la provincia y continuar en la Justicia Federal, porque se afectaban las garantías de las personas imputadas”, recordó.

El legislador por San Salvador acotó que en las conversaciones se habló de la necesidad de incorporar o capacitar “efectivos a las fuerzas, la creación de cargos en los juzgados, y el requerimiento de equipamiento para la Policía”. “Estuvimos en Córdoba viendo cómo funciona el sistema. Hay fuerzas especiales y fiscales especiales avocados a este tema. En Entre Ríos, lo que pretendemos es incipientemente empezar con un sistema que resuelva esta problemática”, aseveró.
Dictamen consensuado
Larrarte afirmó que este miércoles habrá una reunión convocada por el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Ángel Giano (FpV-Concordia) y el titular de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Diego Lara (FpV-María Grande). El objetivo será “emitir un dictamen consensuado por ambas cámaras y todos los bloques para la aprobación lo antes posible”.

“Nosotros iniciamos rondas de consultas e intercambios de opiniones no sólo con las fuerzas de seguridad y servicios de asistencia, sino también con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF). La verdad es que todos se mostraron contentos y satisfechos con el texto de la norma, porque viene a solucionar problemas”, resaltó el senador. “La ley es un texto general y amplio, la reglamentación definirá los detalles”, acotó.

Por otro lado, en diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), habló del acuerdo para los pliegos de fiscales y defensores en la provincia, y los dos planteos de inconstitucionalidad que atacan los pasos para la selección y designación.
Pliegos de Landó y Mazza
Larrarte fue consultado por la demora en el acuerdo de los pliegos para refrendar a Marta Landó al frente del CGE y a Marisa Mazza como vocal política. En ese sentido, el senador señaló que no hubo demora y que todo responde a un proceso administrativo. “No hay demora en la revisión de los pliegos. Lo que sucede es que desde la designación por decreto hay todo un trámite administrativo que se forma, pidiendo antecedentes y currículum y desde que se completa eso hasta que va a la Cámara para pedir el acuerdo pasa tiempo”, explicó.
Concursos de fiscales y defensores
Por último, se refirió a los pliegos para fiscales y defensores en la provincia, que ya pasaron por el Consejo de la Magistratura y deben conseguir el acuerdo del Senado. “La aprobación de pliegos, por orden del Superior Tribunal de Justicia (STJ) integrado con jueces ad hoc, se suspendió por interposición de una medida cautelar, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión que es un planteo de inconstitucionalidad respecto de la designación y selección de los fiscales, por no cumplirse con los pasos señalados en la Constitución”, recordó el senador.

“Respecto de los defensores acaba de ingresar una acción similar ante la justicia. Y si bien se emitió orden judicial ordenando detener el proceso en el Senado, en la sesión anterior decidimos prorrogar el plazo, atendiendo que el planteo es muy similar al de los fiscales. Entonces, atendiendo el principio de economía del proceso, decidimos prorrogar los plazos”, indicó.
Fuente: Análisis Digital y Radio De la Plaza

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