"Aunque demorada y atravesada por un contexto eleccionario, valoramos positivamente la decisión del gobernador Bordet de habilitar la discusión de los proyectos contra el narcomenudeo que hasta ahora estaban frenados en la legislatura", afirmó el legislador opositor. En ese sentido, agregó que "es necesario erradicar las 'bocas de expendio' de estupefacientes, que llevan violencia y marginalidad a los barrios de las distintas ciudades de la provincia y que son aún más evidentes en los pueblos del interior".
"Por nuestra parte, ponemos a disposición el proyecto de nuestra autoría como aporte al debate sobre este delicado asunto. De aprobarse esta ley el Poder Judicial y la Policía de la provincia podrían intervenir en casos de delitos menores de narcotráfico, que son la mayoría de los que se suceden en nuestros pueblos", remarcó el legislador.
El proyecto
A través de la adhesión a la ley nacional 26.052 la provincia asumiría la competencia penal en los delitos vinculados a la tenencia y comercialización de estupefacientes en menor escala, coordinando este trabajo con las fuerzas federales y justicia federal en lo relativo al intercambio de información útil para investigaciones de grandes redes de narcotráfico.
"Entendemos que es necesario establecer mecánicas de trabajo institucional que involucren al Estado Nacional con el Estado provincial, ya que la lucha contra el narcomenudeo debe extenderse y complementarse con la persecución de los grandes comercializadores de droga en nuestra provincia. Para ello vamos a confluir e integrar el trabajo de las fuerzas provinciales con las nacionales porque no se trata de sistemas estancos en la lucha contra la droga", afirmó el gobernador y agregó: "Entendemos que el narcotráfico encuentra un caldo de cultivo en la exclusión social.
Gran parte de los problemas vinculados al delito tienen que ver con la cuestión social, pero también sabemos que la droga es un negocio que mueve millones y donde algunos se enriquecen a expensa de la enfermedad de otros y ahí debemos actuar enérgicamente", señaló.
La iniciativa del Poder Ejecutivo declara la adhesión "a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la Ley Nacional N° 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional N° 26.052".
El proyecto contempla para tal fin el pedido de transferencias de créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, así como también del Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 5º de la ley 26.052. Asimismo prevé la creación de fiscalías y cargos para técnicos especializados con competencia prioritaria en este tipo de delitos.
En torno a los recursos económicos a los que refiere el artículo 6º de la ley 26.052, se destinarían en la provincia a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo, distribuidos en áreas de Salud y Seguridad.
