A cada una de esas personas jurídicas se les impone contar con los llamados “programas de integridad” o “compliance”, normas internas tendientes a evitar que sus dependientes cometan delitos en el marco de los negocios de la empresa. Sólo si esas normas internas existen, son cumplidas y respetan un riguroso estándar, la persona jurídica podrá evitar las sanciones penales (en general multas, prohibición de cotizar en bolsa, y hasta la disolución), señala Goyeneche.
Agrega que en nuestro país estos programas son requeridos en la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas por hechos de corrupción, sancionada en el año 2017 (ley 27.401). Esto viene a cuenta de que, en estos días, este medio ha puesto en debate la necesidad de que la provincia cuente con las leyes de transparencia que el gobernador Frigerio refirió en su discurso de apertura de su mandato.
El “tone from the top” exigido por aquellas leyes refiere al tono o “clima” ético de las organizaciones que han de impulsar sus directivos. Estos deben favorecer una cultura en la que la corrupción nunca sea aceptable, y a su vez, garantizar que se diseñe e implemente un programa para contrarrestar las posibilidades de incurrir en ella, aclara en la nota redactada para el diario Análisis Digital.
Continúa explicando que esta política dirigencial tiene efectos culturales dentro de las organizaciones, impone autolimitaciones para los dirigentes, habilita controles horizontales, sistemas de detección de riesgos, códigos de ética, compromiso con la contratación de empleados competentes y el desarrollo de estructuras de recompensa que promuevan buenos controles internos y una gobernabilidad efectiva. No se trata de una mera “bajada de línea” en sentido discursivo, sino de una actitud de integridad que ha de ser percibida en acciones concretas de los dirigentes.
La cultura de una organización, y la Administración pública lo es. Posee una gran influencia en el comportamiento de los individuos que la componen. Más, tal vez, que la que puedan ejercer las mismas leyes", indica la exprocuradora.
En ese sentido, analiza que de allí que el impulso a las leyes en cuestión debería ser interpretado también en el sentido de ser un primer paso para establecer ese “clima” de integridad deseable. El mensaje ínsito en la aprobación de una legislación que, por un lado, favorezca que los ciudadanos controlen adecuadamente las cuentas públicas y la situación patrimonial de los funcionarios, establezca reglas claras en materia de ética funcional, entorpezca el mantenimiento en los cargos públicos de quienes han sido condenados por corrupción y a su vez, impulse las investigaciones de estos hechos (en este aspecto, tal vez mejor que una legislación de “arrepentido”, podría ser la que otorgue incentivos a denunciantes y testigos), sería un pequeño paso adelante en la instauración de una cultura de la eticidad pública que modifique nuestros estándares en la materia.
El sometimiento a la legalidad es, en este sentido, un ejercicio indispensable. Pese a que la Constitución Provincial impuso el deber de dictar algunas de estas leyes, ello viene dilatándose desde 2008. Así, la sanción de la ley de Ética Pública es exigido por su artículo 37 y la ley de Acceso a la Información Pública, es requerida en el artículo 13 de esa norma. Tampoco se han reglamentado por vía legal otros varios institutos de la Constitución Provincial, manifiesta.
La ley del arrepentido y la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas son normas nacionales que, en su parte sustantivas, rigen plenamente en Entre Ríos, pero es necesario la aprobación provincial de las reglas de procedimiento. Entre las leyes mencionadas, estimo que la de Acceso a la información pública, es una de las de mayor relevancia.
Señala que venimos de un largo período en el que, desde el Poder Ejecutivo provincial, lejos de tener una postura de integridad en el manejo de las cuentas públicas y de transparencia en su ejecución y rendición, el dinero del ciudadano fue tratado como si fuera de pertenencia del gobierno de turno, respecto de cuyo uso o destino los entrerrianos seríamos meros espectadores, como si, al emitir el voto, otorgáramos un cheque en blanco al gobernante.
Según estimó, el más claro ejemplo de ese oscurantismo se reveló en la Legislatura provincial. A cinco años del descubrimiento del sistema de sustracción montado a través de contratos “truchos”, seguimos sin saber a quienes se ha seguido contratando como trabajadores temporarios (contratos de obra) en ambas Cámaras. El análisis lógico del gasto en personal no permanente, permite inferir que la contrataciones de obra sin un objeto verdadero (ñoquis), siguió siendo muy elevada luego de aquel descubrimiento.
Tengo conocimiento de la existencia de, al menos, dos pedidos de acceso a la información pública realizados por periodistas tanto en la Cámara de Diputados (mientras la presidió Ángel Giano), como en la Cámara de Senadores (mientras la presidió Laura Stratta). Solicitaban conocer el listado de personal contratado. Ninguno tuvo respuesta. Uno de ellos derivó en una acción de amparo que, luego de inconfesables presiones en diversos ámbitos, fue desistida sin que se diera a conocer esa información, reveló.
El impulso al dictado de todas estas normas exhibiría responsabilidad ética en nuestros dirigentes, acorde a las exigencias de nuestra Constitución provincial y nacional. El compromiso por la integridad pública no puede seguir siendo sólo un momento pintoresco de los discursos; debe ser concretado en acciones.
Si finalmente esas leyes no cuajaran en proyectos o si éstos no fueran tratados en la Legislatura, ello también estaría expresando un determinado “clima”, un tono de nuestra dirigencia distinto al deseado. Sería el mismo clima al que estamos acostumbrados, concluyó.
