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Esteban Vitor.
Esteban Vitor.
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El Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 10.533 que dispone que los créditos presupuestarios destinados a gastos reservados tengan como fin atender la actividad que debe desarrollar el Estado en situaciones de urgencia fundada en la gestión. De esta forma, estos fondos sólo podrán utilizarlo los organismos dedicados a la prevención y lucha contra el delito.

La iniciativa, del diputado Esteban Vitor (Cambiemos-Paraná), busca recuperar la idea original de estos fondos y asegurar que los recursos aplicados por la provincia para seguridad, información e inteligencia sean efectivamente gastados en esos fines específicos y a que las áreas dedicadas a prevenir y luchar contra el delito los utilicen con eficiencia y racionalidad.

La norma fue sancionada por el Senado el 29 de noviembre y promulgada el 4 de diciembre, pero hasta ese día no había sido publicada en el Boletín Oficial.

El diputado Vitor refirió sobre el texto que es un proyecto presentado el año pasado y destacó que "lamentablemente, se vino distorsionando el uso de estos gastos y se creyó en la necesidad de poner foco en esto y que se eliminen, tanto como ya se lo hizo en el Poder Legislativo y que es solicita se lo acote lo máximo posible en el Poder Ejecutivo".

En tanto, el diputado Diego Lara (FpV-María Grande) justificó en Diputados el acompañamiento del bloque al decir que obedece "a un compromiso político contraído hace un tiempo y que surgió a raíz de un intenso debate cuando se abordaron temas de trascendencia trascendental como la discusión de los pedidos de juicio político". Lara dijo que 'estamos dando una postura ante la sociedad' y señaló que el Poder Legislativo y el Judicial de la provincia no tienen gastos reservados, como sí lo va a tener el Ejecutivo, dado que obedece a la necesidad de contar con fondos para atender cuestiones de seguridad nacional, de inteligencia, de persecución de delitos.

Como se recordará, hace poco más de un año, una investigación periodística daba cuenta de los gastos reservados del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que se envía desde el Poder Ejecutivo desde 2010 y es de libre disponibilidad. La información desató un escándalo en la provincia sobre el uso de estos fondos y los presuntos sobresueldos de los magistrados. Semanas después, la titular del STJ, Claudia Mizawak, negó la existencia de "fondos secretos, ocultos o ilegales. Existen como en la Nación y en la mayoría de los tribunales y cortes de otras provincias, gastos protocolares de representación del STJ y los vocales que lo componen. No son parte del salario, están previstos en la ley y se rinden al Tribunal de Cuentas de la Provincia", argumentó entonces.

"Los fondos denominados 'Gastos Protocolares y de Representación' corresponden a una partida que integra el presupuesto del Poder Judicial de Entre Ríos. Como tales, son incluidos cada año en la Ley de Presupuesto que vota la Legislatura de la Provincia. En el caso del año en curso, fue aprobada por la Ley Nº 10.403, votada por unanimidad de todos los bloques representados en la Legislatura", indicó además. El manejo de estos fondos fue uno de los motivos por los que Mizawak quedó en la mira y se impulsó un juicio político. Pero el oficialismo se abroqueló en Diputados y salvó a la magistrada. No obstante, desde la bancada oficial se había afirmado que avanzarían en un proyecto de la oposición para limitar el uso de estos fondos del STJ, pero debió pasar más de un año y un acuerdo con el oficialismo por el presupuesto 2018 para que avance la iniciativa opositora.
Fuente: RecintoNet

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