El concejal uruguayense electo, Pablo Presas, de Juntos por Entre Ríos, había considerado en una nota de opinión que la aprobación de la iniciativa, que se quiere concretar antes del presente mandato, se daría de manera ilegal. Se sumaron desde entonces nuevas voces y actores que rechazan el proyecto. A continuación, el comunicado del espacio político reemitido a El Entre Ríos, en el que exponen razones para aplazar la discusión sobre el código urbano.
Comunicado
"Solicitamos públicamente a los actuales concejales oficialistas, opositores y especialmente a los actuales concejales de nuestro bloque de Juntos por Entre Ríos, posponer la aprobación de la reforma al código urbano de nuestra ciudad (conocido como COTA) en base a las 7 razones que exponemos a continuación:1.Entendemos que todos tenemos el norte común de buscar lo mejor para nuestra ciudad y también de mejorar el acceso a la vivienda de los uruguayenses, pero aún existen muchas discrepancias sobre las formas y las herramientas para lograr dichos objetivos. Habiendo posiciones tan desencontradas, de un lado y del otro, refleja no solo la falta de consenso sino lo que es aún más grave, incrementan el riesgo de votar un código erróneo que perjudicaría a la ciudad. Sabiendo que nadie es dueño absoluto de la verdad, bien vale la pena el esfuerzo de seguir debatiendo hasta estar seguros de que el COTA va a ser la herramienta correcta para alcanzar fehacientemente los objetivos propuestos.
2.Los Colegios Profesionales que más involucrados están con las implicancias de un código urbano, cómo son los de Agrimensores, Escribanos, Corredores Inmobiliarios y Contadores; manifestaron su rechazo a estas modificaciones. También lo ha hecho la Cámara de Desarrolladores, que agrupa a la mayoría de los actores que movilizan las inversiones y el empleo urbano. Todos ellos han manifestado las consecuencias que produciría esta reforma, como una parálisis en la inversión, los escases de oferta de lotes y viviendas, y el consecuente aumento de precios. Sin dudas, esta situación dificultará el acceso a la vivienda, el cual no podrá ni siquiera ser compensado por un “banco de tierras municipal” que permanecerá vacío y solo creado sobre el papel de una norma.
3.Interpretando los tiempos de cambio marcados por la voluntad popular, no entendemos como esta reforma iría en línea con los postulados del actual gobernador electo como “la reducción del gasto público y los funcionarios a la mitad, la reducción de impuestos, y la quita de los malos incentivos y de burocracia sobre el sector privado para que pueda invertir y desarrollar la provincia”, ya que básicamente este COTA significa un impuestazo al desarrollo de edificios y urbanizaciones.
4.El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios presentó un escrito con un pormenorizado análisis sobre la posible inconstitucionalidad del COTA, el cual no fue ni siquiera analizado. Sin pronunciarnos jurídicamente, es bueno aclarar que, a los efectos de incentivar la inversión en nuestra ciudad, siempre “un mal código es mucho mejor que un código urbano judicializado” por toda la incertidumbre que ello trae.
5.En el proceso de reforma no se respetaron los procedimientos legales que corresponden a todo estado de derecho. Específicamente, se violó la normativa de la ordenanza 4583, de la Ley General de Ambiente 25675 y la Ley de Acceso a la Información Ambiental 25831. Nuevamente, tan solo un amparo judicial podría invalidar la norma y sumergir las inversiones y el impulso al desarrollo de nuestra ciudad en un mar de incertidumbres.
6.Se debería dar plena y mejor participación ciudadana, ya que la audiencia pública estuvo mal hecha, cercenando la democracia directa y el derecho de los ciudadanos a conocer y opinar sobre una reforma COTA que cambiará sus vidas.
7.Postergar la aprobación no significa tirar por la borda todos los esfuerzos de estos últimos dos años. No estamos en contra de modificar el código urbano. Es necesario hacerlo. Y ha habido avances y modificaciones valiosas como los corredores urbanos o la protección del ambiente. Pero aún falta seguir debatiendo y avanzando en otros puntos. Ni siquiera los maquillajes de los últimos cambios a las apuradas son de satisfacción de todos. Esta reforma tendrá un significativo impacto en ciudad, se trabajó dos años en ella, y bien vale la pena seguir trabajando un año más si es necesario. Porque entre todos, debemos asegurarnos de sacar la mejor herramienta que nuestra ciudad pueda tener, con el consenso de todos, con la unanimidad de todos los concejales, y seguros de que la nueva ordenanza apuntará al bien común y al beneficio de todos los vecinos de nuestra ciudad".
